La extradición pasiva en España es una herramienta de cooperación judicial internacional que, lejos de ser un trámite mecánico, se ha convertido en un campo estratégico donde el abogado penalista especializado en extradiciones puede marcar la diferencia entre la libertad y la entrega del reclamado. Este artículo, dirigido tanto a personas en situación de riesgo como a profesionales del Derecho, detalla las causas más eficaces de oposición previstas en el artículo 4 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva (LEP), así como la jurisprudencia actual de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
¿Qué es la extradición pasiva y cómo se estructura el procedimiento?
La extradición pasiva se refiere al procedimiento por el cual otro país solicita a España la entrega de una persona —acusada o condenada— para que sea juzgada o cumpla una condena. El procedimiento se desarrolla en tres fases:
- Fase gubernativa inicial: competencia del Ministerio de Justicia, que analiza la solicitud preliminar.
- Fase judicial: llevada a cabo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- Fase gubernativa final: el Consejo de Ministros tiene la última palabra sobre la entrega.
El Procedimiento de Extradición se trata de un procedimiento mixto, con fuertes implicaciones en derechos fundamentales, especialmente en la fase judicial, donde se evalúa si concurren causas de oposición legalmente tasadas.
Cómo evitar la extradición con éxito
La estrategia de oposición, momento procesal: el artículo 13 LEP.
El artículo 13 LEP establece el momento procesal para presentar la oposición a la extradición. Esta debe hacerse dentro del plazo otorgado por la Sala de lo Penal, y constituye el eje central de la defensa. La jurisprudencia subraya la importancia de una oposición técnicamente fundamentada (STS 303/2022, de 10 de marzo), que acredite de forma documental o pericial la concurrencia de alguna causa de denegación.
¿Se puede recurrir una resolución que acuerda la extradición de una persona?
Sí, en el procedimiento de extradición pasiva en España, la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acuerda o deniega la entrega puede ser recurrida mediante un recurso de súplica, que se interpone ante el Pleno de la propia Sala. Este recurso, previsto en el artículo 15.2 de la Ley de Extradición Pasiva, permite una revisión colegiada de la decisión, aunque no constituye una apelación en sentido estricto ni abre una segunda instancia. Además, una vez agotada esta vía, el reclamado puede acudir al Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo si considera que se han vulnerado derechos fundamentales, e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de afectación de derechos reconocidos en el Convenio Europeo.
Puedes leer el artículo completo sobre los recursos en el precoedimiento de extradición pulsando aquí.
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Causas principales de denegación de la extradición
En el marco de la Ley de Extradición Pasiva (Ley 4/1985, de 21 de marzo), existen varios motivos jurídicamente reconocidos que permiten oponerse con éxito a una solicitud de entrega internacional. Estas causas, previstas en su artículo 4, han sido interpretadas de forma rigurosa por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, de manera muy destacada, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano competente en primera instancia para resolver estos procedimientos. A continuación, se desarrollan las más relevantes.
a) Falta de doble incriminación
La exigencia de doble incriminación, prevista en el artículo 2 de la LEP, supone que los hechos imputados al reclamado deben constituir delito tanto en el Estado requirente como en el ordenamiento penal español.
No es suficiente que exista una similitud superficial o una analogía. Debe existir una correspondencia sustancial en los elementos típicos. La jurisprudencia ha sido especialmente clara en este punto. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo 1284/2020, de 13 de octubre, confirmó la denegación de una extradición solicitada por las autoridades rusas en un caso en el que los hechos imputados no tenían encaje penal inequívoco en el Código Penal español. La Sala subrayó que la equivalencia debe analizarse desde una perspectiva estricta y no extensiva.
Un abogado especialista en extradiciones debe analizar con precisión el tipo penal extranjero y su correspondencia con la legislación española. Su conocimiento te ayudará a oponerte con éxito a una extradición en España.
b) Riesgo de tortura o tratos inhumanos
El respeto a los derechos fundamentales del reclamado es un principio estructural del sistema de extradición español, reforzado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Conforme al artículo 4.6 de la LEP, la entrega debe ser denegada si existen razones fundadas para creer que la persona puede ser sometida a tortura, tratos inhumanos o degradantes en el país reclamante. La Audiencia Nacional ha incrementado notablemente el estándar de exigencia en este ámbito, especialmente cuando se trata de solicitudes procedentes de Estados con cuestionado historial en materia de derechos humanos. La doctrina del TEDH, particularmente en el caso Othman (Abu Qatada) vs. Reino Unido, obliga a evaluar en cada caso concreto si el riesgo alegado es real y actual. En múltiples autos recientes, la Audiencia ha denegado entregas a países como Venezuela, Irán o China, amparándose en informes de organismos internacionales y en la falta de garantías diplomáticas creíbles.
Un abogado defensor en un procedimiento de extradición debe recurrir a informes internacionales actualizados —de ACNUR, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, entre otros— para sustentar este motivo. Para oponerse con éxito a una extradición es necesario contar con estos infores.
c) Tribunal de excepción
El artículo 4.3 de la LEP establece una causa de denegación si el reclamado va a ser sometido a juicio ante un tribunal de excepción, es decir, uno que no forme parte del poder judicial ordinario o que carezca de imparcialidad estructural. El concepto de tribunal de excepción ha sido perfilado por la jurisprudencia como aquel que se aparta de las garantías del juez natural, afectando de forma sustancial al derecho a un juicio justo. La Audiencia Nacional ha aplicado esta causa en supuestos donde el país requirente pretende enjuiciar al reclamado en jurisdicciones de excepción o tribunales militares por hechos ajenos a la función castrense.
d) Persecución por motivos políticos
Conforme al artículo 4.5 de la LEP, la extradición no procederá cuando los hechos por los que se reclama a una persona se consideren motivados por razones políticas. Esta cláusula requiere una carga probatoria significativa, pero no desproporcionada. El Tribunal Constitucional, en su STC 148/2004, señaló que basta con acreditar la existencia de indicios serios, sin que sea necesario demostrar de forma concluyente que la persecución tiene carácter político. La defensa puede servirse de informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch u otros organismos de reconocido prestigio. También se valoran antecedentes de represalia estatal, manipulación del sistema judicial o patrones de criminalización de la disidencia.
e) Condena en ausencia sin garantías
El artículo 4.6 de la LEP incorpora una causa específica de denegación vinculada a los derechos procesales. Si el reclamado ha sido condenado en ausencia y el Estado solicitante no garantiza de manera inequívoca la posibilidad de un nuevo juicio con plenas garantías, la entrega no podrá efectuarse. Esta previsión busca proteger el derecho de defensa, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Audiencia Nacional ha exigido que las autoridades extranjeras aporten compromisos firmes y específicos de repetición del juicio, no siendo aceptables garantías genéricas o condicionales. En el Auto 34/2022, de 15 de marzo, se denegó una extradición por este motivo, ante la ausencia de confirmación expresa sobre la posibilidad de reabrir el proceso con presencia del condenado.
Estas causas constituyen el núcleo de las estrategias de oposición más eficaces en procedimientos de extradición pasiva. Su correcta articulación y fundamentación jurídica, acompañadas de pruebas documentales y periciales adecuadas, resultan determinantes para obtener una resolución favorable. El éxito de la defensa dependerá, en última instancia, de una lectura técnica y precisa de cada uno de estos motivos, adaptada a las particularidades del caso concreto.
Si quieres leer más sobre los procedimientos de entrega a países extranjeros. Puedes leer sobre el impacto de la condena en Ausencia en las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) pulsando aquí.
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¿Cómo puede ayudarle un abogado experto en extradiciones a evitar su entrega?
Contar desde el primer momento con un abogado especialista en extradiciones ante la Audiencia Nacional es clave para articular una defensa efectiva. El procedimiento de extradición pasiva es complejo, técnico y exige una intervención estratégica desde la detención provisional.
Estrategias para oponerse con éxito a una extradición
Intervención inmediata. El abogado defensor debe actuar desde la primera comparecencia, revisando la documentación extradicional, planteando medidas cautelares y definiendo una estrategia procesal sólida. Una reacción temprana puede marcar el rumbo del procedimiento.
Prueba documental y pericial. Para oponerse con éxito, es fundamental aportar informes actualizados de organismos internacionales que acrediten riesgo de tortura, persecución política o falta de garantías judiciales. También resulta útil incorporar peritajes sobre condiciones penitenciarias, salud del reclamado o imparcialidad del tribunal extranjero.
Análisis penal comparado. Cuando se alegue falta de doble incriminación, el abogado debe realizar un estudio técnico entre la figura penal extranjera y el Código Penal español. Esta es una causa de denegación especialmente eficaz, pero exige precisión jurídica.
Coordinación con la solicitud de asilo. Si se ha solicitado protección internacional, el abogado debe conocer su incidencia sobre la entrega y, en su caso, solicitar la suspensión de la ejecución del auto de extradición conforme al artículo 19.2 de la Ley 12/2009.
En definitiva, el abogado experto en extradiciones aporta no solo conocimiento técnico, sino también experiencia práctica en un terreno donde la defensa bien dirigida puede evitar la entrega y garantizar los derechos del reclamado. Esto ayudará a oponerte con éxito a una extradición en España, marcando la diferencia entre la entrega o no entrega.
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