Soy Víctor Ávila, abogado penalista en Madrid. Defiendo a personas investigadas o acusadas por delitos contra la libertad sexual: agresiones sexuales, violación, delitos cometidos por internet y denuncias falsas. Intervengo con urgencia desde la detención (24 horas, los 365 días del año) o desde la primera citación, con pleno dominio de la reforma del consentimiento (ley del «solo sí es sí»). En esta página verás qué hacer si te investigan, cómo trabajamos tu defensa, qué penas fija el Código Penal y qué ha cambiado con la reforma.
No accedas, borres ni manipules ningún dispositivo y contacta de inmediato con un abogado. En los delitos sexuales por internet la defensa debe intervenir antes de los volcados informáticos y las periciales, cuando todavía es posible cuestionar cómo se obtuvo la prueba.
El despacho de Víctor Ávila está en la calle de Barceló, 1, en el centro de Madrid, y actúa ante todos los juzgados de instrucción, los juzgados de lo penal y la Audiencia Provincial de Madrid. Enviar el formulario de contacto ahora puede marcar la diferencia en tu libertad.
Tras la denuncia por agresión sexual, la causa sigue un recorrido con consecuencias inmediatas para la persona investigada y para sus derechos.
Las primeras 72 horas tras la detención o la denuncia condicionan el resultado. Lo que el investigado declara ante la policía o el juez de instrucción marca todo lo que viene después. Por eso la asistencia letrada debe intervenir antes de esa primera declaración.
Como abogado de delitos sexuales en Madrid, Víctor Ávila interviene desde la comisaría y ante los juzgados de instrucción de Madrid y la Audiencia Provincial. La asistencia al detenido está disponible 24 horas, los 365 días del año.
En qué fase está la causa y ante qué juzgado: citación como investigado, detención o juicio ya señalado. De ahí depende nuestro margen de maniobra.
Medidas cautelares en vigor o previsibles: orden de alejamiento, retirada de pasaporte o prisión provisional. Si son desproporcionadas, se impugnan.
El consentimiento, la credibilidad del testimonio según el triple test del Tribunal Supremo y la prueba digital. Cada asunto exige su propia línea de actuación, y la experiencia en casos similares marca la diferencia.
Una denuncia por un delito sexual exige reaccionar en horas, no en días. Víctor Ávila, abogado penalista en Madrid experto en delitos sexuales (abusos sexuales, violación y delitos por internet), asume la defensa del investigado o acusado desde la primera declaración. Su trayectoria en derecho penal se centra en esta materia: los delitos de los artículos 178 y siguientes del Código Penal, cuya tipificación y penas modificaron los cambios legales de 2022 y 2023. Conocer cuál se aplica a tu caso decide la estrategia. Llevamos cada asunto con discreción absoluta y presunción de inocencia.
En el despacho de Víctor Ávila somos abogados penalistas especializados en delitos sexuales. Asumimos la defensa de personas investigadas o acusadas por abusos sexuales, violación, acoso sexual y delitos contra la libertad sexual, incluidos los cometidos por internet. Cada cliente cuenta con una intervención técnica, discreta y construida sobre la presunción de inocencia, desde la primera declaración hasta el juicio oral.
Víctor Ávila, abogado penalista, dirige personalmente cada asunto, con el apoyo de su equipo y con atención directa al cliente en cada fase. Despacho en la calle de Barceló, 1, en el centro de Madrid, con actuación ante los juzgados de instrucción, los juzgados de lo penal y la Audiencia Provincial de Madrid.
La consulta se concierta con cita previa, presencial o por videollamada. Si hay una detención o una citación inminente, se atiende con carácter urgente.
Todo lo que se trata en la consulta de asesoramiento queda amparado por el secreto profesional y por la confidencialidad del despacho.
Hasta 2022 el Código Penal distinguía entre abuso sexual (sin violencia ni intimidación) y agresión sexual (con violencia o intimidación). La Ley Orgánica 10/2022 eliminó esa distinción y la LO 4/2023 reajustó las penas, y desde entonces cualquier acto contra la libertad sexual sin consentimiento se juzga como agresión sexual. Por eso muchas personas investigadas siguen buscando su caso como «abuso sexual».
El Título VIII protege la libertad sexual de quien puede decidir y la integridad e indemnidad sexual de quien no puede consentir válidamente, como el menor de 16 años. Solo hay consentimiento cuando se manifiesta libremente mediante actos que, según las circunstancias, expresen de forma clara la voluntad de la persona, y el Tribunal Supremo ha precisado que no se presume por la existencia de una relación sentimental.
Para la defensa del investigado esto tiene consecuencias concretas:
La declaración de la persona denunciante puede bastar para una condena, incluso como único testimonio. Pero el Tribunal Supremo exige que supere tres criterios consolidados, y nuestra labor es comprobar si se cumplen en el caso concreto.
Analizar las distintas versiones, las contradicciones y las corroboraciones es la línea central en estos procedimientos.
El Código Penal gradúa las penas según haya o no acceso carnal, violencia, intimidación, anulación de la voluntad o circunstancias agravantes. La LO 4/2023 recuperó las penas que la «ley del solo sí es sí» había rebajado cuando media violencia o intimidación. Esta es la escala vigente.
| Conducta | Precepto (CP) | Pena de prisión |
|---|---|---|
| Sin acceso carnal, sin violencia ni intimidación | 178.1 | 1 a 4 años |
| Sin acceso carnal, con violencia, intimidación o voluntad anulada | 178.3 | 1 a 5 años |
| Hechos de menor entidad | 178.4 | Mitad inferior o multa de 18 a 24 meses |
| Violación: acceso carnal vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros u objetos | 179.1 | 4 a 12 años |
| Violación con violencia, intimidación o voluntad anulada | 179.2 | 6 a 12 años |
| Supuestos del 178.1 con agravantes | 180 | 2 a 8 años |
| Supuestos del 178.3 con agravantes | 180 | 5 a 10 años |
| Violación del 179.1 con agravantes | 180 | 7 a 15 años |
| Violación del 179.2 con agravantes | 180 | 12 a 15 años |
El Código Penal (art. 181) protege de forma autónoma al menor de 16 años, edad por debajo de la cual la ley presume que no existe consentimiento válido. Las penas se gradúan así:
La cláusula «Romeo y Julieta» excluye la responsabilidad cuando el autor es una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo, y el consentimiento es libre. Su aplicación se valora caso por caso. Ampliamos este punto en nuestra página sobre la tipificación de conductas sexuales concretas.
El prevalimiento es el aprovechamiento de una situación de superioridad para doblegar la voluntad de la otra persona. Hasta 2022 se castigaba como abuso; hoy integra el tipo básico o sus modalidades agravadas. La Fiscalía General del Estado lo confirmó en su Circular sobre la reforma.
Aparece en contextos laborales, docentes, asistenciales o de confianza. Analizamos si existió realmente esa relación de superioridad y si determinó la falta de consentimiento, porque de ello depende la calificación y la pena.
La sumisión química consiste en anular la voluntad de la otra persona mediante sustancias. Encaja en el supuesto de «voluntad anulada» (178.3 o 179.2 CP) y opera como agravante, lo que sitúa la pena en los tramos superiores de la tabla: hasta 10 años sin acceso carnal y hasta 15 años con acceso carnal.
La prueba toxicológica y su cadena de custodia resultan decisivas. Revisamos los plazos de extracción, el tipo de muestra y la fiabilidad del análisis. Ampliamos el detalle en nuestra página sobre sumisión química en agresiones sexuales.
Los delitos sexuales cometidos por internet concentran una parte creciente de los procedimientos contra la libertad sexual. La prueba es casi siempre digital. La actuación temprana de la defensa, antes de los volcados informáticos, resulta determinante para cuestionar cómo se obtuvo.
El Código Penal (art. 189) castiga la producción, distribución, difusión y posesión de material de abuso sexual infantil. La utilización de menores para elaborarlo, su producción y su distribución se castigan con 1 a 5 años de prisión, y con 5 a 9 años si concurren agravantes como que la víctima sea menor de 16 años (art. 189.2). La adquisición o posesión para uso propio tiene una pena menor: de 3 meses a 1 año de prisión o multa (art. 189.5). Nos centramos en la cadena de custodia del material, en la autoría real de las descargas y en la regularidad del volcado de los dispositivos. Un defecto en la obtención de la evidencia digital puede determinar su nulidad.
El art. 183 tipifica el contacto de un adulto con un menor de 16 años a través de internet o redes sociales con fines sexuales. Concertar un encuentro puede conllevar hasta 3 años de prisión; solicitar material pornográfico, hasta 2 años. Hay que intervenir antes del volcado de los dispositivos.
Difundir, revelar o ceder a terceros imágenes o vídeos de contenido sexual sin consentimiento se castiga en el art. 197.7 CP, aunque se hubieran recibido voluntariamente. La pena se impone en su mitad superior cuando media finalidad lucrativa, la víctima es menor o existe una relación de afectividad. La sextorsión añade delitos de amenazas o coacciones. Analizamos el origen del material, el consentimiento inicial y la prueba tecnológica.
El acoso sexual (art. 184 CP) castiga solicitar favores sexuales creando una situación intimidatoria, hostil o humillante, y se agrava si hay superioridad jerárquica. Tiene una defensa propia que explicamos en la página de nuestro abogado de acoso sexual en Madrid.
El impacto de una acusación falsa es devastador a nivel personal y profesional, incluso antes del juicio. Aunque las condenas firmes por denuncia falsa registradas por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía son estadísticamente reducidas, una sola imputación infundada justifica una intervención técnica inmediata. Surgen en separaciones conflictivas, disputas de custodia o conflictos laborales.
Frente a una acusación falsa trabajamos con:
El plazo de prescripción se cuenta según la pena máxima del delito (art. 131 CP). Los delitos sexuales más graves, con penas superiores a diez años, prescriben a los quince años; la violación del artículo 179 se sitúa en ese tramo. Las modalidades menos graves prescriben antes.
En los delitos sexuales contra menores existe una regla especial: el plazo no empieza a correr hasta que la víctima cumple 35 años (art. 132.1 CP, reforma de la LO 8/2021). Verificar si el delito ha prescrito es una de nuestras primeras comprobaciones.
Opiniones reales de clientes del despacho tras contratar nuestros servicios como abogados penalistas en Madrid.
«No hay nada tan angustioso como ser acusado siendo inocente. No puedo dejar de recomendar a Víctor, que es un gran profesional. Tiene mucha paciencia, sensibilidad y es cercano.»
«Es un abogado serio, profesional y atento, que transmite confianza y explica las cosas con claridad. Estoy muy satisfecho con el trato recibido y con el resultado.»
«Demuestra un gran conocimiento, es resolutivo y muy eficaz en su labor. Gracias a su esfuerzo y estrategia logramos un resultado excelente en mi caso. Un trato impecable y 100 % profesional.»
Todo atentado contra la libertad sexual sin consentimiento es agresión sexual (art. 178 CP). Cuando concurre acceso carnal vaginal, anal o bucal, o la introducción de miembros u objetos, se aplica la violación del artículo 179, con pena superior.
No como figura independiente. La LO 10/2022 integró el abuso sexual en la agresión sexual. Lo que antes era abuso hoy se juzga dentro del mismo tipo, aunque no haya mediado violencia ni intimidación.
Puede ser prueba de cargo, pero debe superar el triple test del Tribunal Supremo: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. La defensa puede cuestionar si esos requisitos se cumplen.
Acude con abogado antes de declarar. Lo que manifiestes en esa primera declaración condiciona toda la defensa posterior, por lo que la asistencia letrada desde el inicio es determinante.
Depende de la complejidad de la instrucción y del órgano competente. Estos procedimientos suelen prolongarse varios meses, y en muchos casos más de un año, hasta el juicio oral.
Según la pena máxima del delito (artículo 131 CP): los más graves prescriben a los quince años. En delitos contra menores, el plazo no empieza hasta que la persona cumple 35 años.
El Código Penal distingue la posesión de material de su producción y distribución, con penas más graves en estos últimos supuestos y cuando afecta a menores de corta edad. Utilizar menores para elaborar el material se castiga con 1 a 5 años de prisión.
Sí. Difundir o ceder a terceros imágenes íntimas sin consentimiento, aunque te las hubieran enviado, puede constituir un delito (art. 197.7 CP), con agravación si hay finalidad lucrativa o la víctima es menor.
Se orienta a acreditar la inexistencia de los hechos o la falta de indicios de cargo, y a valorar las acciones legales frente a una imputación infundada, preservando la presunción de inocencia.
Estos procedimientos tienen reglas propias: el consentimiento como eje del proceso, el triple test de la declaración de quien denuncia, la prueba digital y la doble reforma de 2022 y 2023. Un abogado especializado en delitos sexuales domina la jurisprudencia anterior y posterior a 2022 y sabe qué marco penal resulta más favorable según la fecha de los hechos. Esa experiencia concreta condiciona la estrategia de defensa desde la primera declaración.
Los delitos sexuales contra menores conllevan las penas más altas y reglas especiales: por debajo de los 16 años la ley presume que no existe consentimiento válido y el plazo de prescripción no empieza a correr hasta que la víctima cumple 35 años. Si te investigan por lo que comúnmente se llama abuso sexual infantil, hay que intervenir de inmediato, antes de los volcados de dispositivos y las periciales, cuando todavía es posible cuestionar cómo se obtuvo la prueba.
Ejercer la prostitución de forma libre no es delito en España. Lo que castiga el Código Penal es explotar la prostitución de otra persona lucrándose de ella cuando media violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de vulnerabilidad, así como determinar a un menor o a una persona con discapacidad a prostituirse. Analizamos si existió realmente esa coacción o ese aprovechamiento, porque de ello depende que haya o no delito.
Se conoce coloquialmente como corrupción de menores el conjunto de conductas que hoy tipifica el Código Penal: realizar actos de carácter sexual con un menor, hacerle presenciar actos sexuales o abusos, o utilizarlo en la elaboración de material pornográfico o en espectáculos exhibicionistas. Las penas se agravan cuando la víctima es de corta edad. Nos centramos en la autoría real de los hechos y en la regularidad de la investigación.
Asalto sexual no es un término del Código Penal español: procede de la traducción del inglés sexual assault y del uso habitual en Latinoamérica. En España, la figura equivalente es la agresión sexual, que engloba cualquier acto contra la libertad sexual sin consentimiento. Si has visto tu caso descrito como asalto sexual, jurídicamente se tramita como agresión sexual.
Sí. La asistencia al detenido está disponible las 24 horas, los 365 días del año, en comisarías y juzgados de guardia de Madrid. Si te han citado o te acaban de detener, contacta antes de declarar: la primera declaración condiciona toda la defensa.
No. En los delitos contra la libertad sexual el despacho ejerce exclusivamente la defensa de la persona investigada o acusada. Esa especialización permite conocer cómo se construye una acusación y en qué puntos se debilita.
Sí. Si tras la instrucción no existen indicios suficientes (por contradicciones en la declaración, ausencia de prueba objetiva o acreditación del consentimiento), el procedimiento puede sobreseerse y archivarse. Una intervención técnica desde el primer momento, que aporte elementos de descargo y cuestione los de cargo, es clave para conseguirlo. Si buscas abogado penalista, delitos sexuales como estos no admiten esperar.
Si te han denunciado por una agresión o un delito sexual, actúa ya. Las primeras horas son determinantes. Asistencia al detenido 24 horas, los 365 días del año.
Artículos sobre delitos sexuales, agresiones y defensa penal especializada.
