Como abogado penalista especializado en administración desleal en Madrid, una imputación por administración desleal pone en cuestión la actuación del administrador, consejero o apoderado al servicio de la sociedad. La defensa exige conocer la frontera con la apropiación indebida (art. 253 CP) y discutir el abuso de las facultades de administrar. Como abogados con experiencia en derecho penal económico, analizamos cada asunto desde el primer momento junto a la contabilidad y los documentos de la sociedad.
La administración desleal se regula en el artículo 252 del Código Penal. Castiga a quien teniendo facultades de administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante negocio jurídico, las infrinja excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, cause un perjuicio al patrimonio administrado.
Tras la reforma de 2015, la administración desleal (art. 252) sanciona el exceso en el ejercicio de las facultades de administrar con perjuicio. La apropiación indebida (art. 253) sanciona apropiarse del dinero, valores o bienes recibidos en depósito, comisión o con la obligación de devolverlos. La frontera es interpretativa y la calificación correcta determina la pena. Las dos figuras exigen dolo: la mala gestión por error o negligencia no es delito.
Como abogados de administración desleal en Madrid, asumimos la defensa en procedimientos por mala gestión punible:
En administración desleal, la pericia contable y mercantil es decisiva. Las decisiones de gestión que se mueven dentro del business judgment rule no constituyen delito.
Cada fase requiere una intervención estratégica distinta:
Otros servicios relacionados: abogado de apropiación indebida · abogado de delitos societarios.
Acompañamiento en sede policial, judicial o de Fiscalía. Preparación de la declaración y revisión de las diligencias practicadas.
Examen de las cuentas, la documentación y la investigación, diligencias de descargo, periciales y solicitudes ante el Juzgado de Instrucción.
Escrito de defensa, impugnación de la acusación, proposición de prueba y juicio oral ante el Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial.
Apelación, casación ante el Tribunal Supremo y, en su caso, amparo ante el Tribunal Constitucional.
Art. 252 CP. Exceso de facultades de administrar con perjuicio para la sociedad. Pena 6 meses-3 años.
Cuantía superior a 50.000€. Prisión 1-6 años + multa.
Operaciones del administrador con sociedades del grupo o personas físicamente vinculadas, en condiciones desfavorables.
Aplicación de fondos sociales a fines personales o ajenos a la actividad de la sociedad. Si se acompaña de facturas o asientos falsos, la acusación suele añadir un delito de falsedad.
Casos límite con apropiación indebida (art. 253 CP). Estrategia de reconducción a la figura más favorable. Si el patrimonio es público y lo gestiona una autoridad o funcionario, los hechos se analizan como malversación (arts. 432 a 434 CP).
Art. 252 CP. Quien administra un patrimonio ajeno por ley, por encargo de la autoridad o por un poder (tutor, albacea, apoderado) también puede ser acusado de administración desleal.
Las decisiones empresariales adoptadas de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y conforme a un procedimiento de decisión adecuado (art. 226 LSC) están protegidas. No son administración desleal aunque generen pérdidas.
El tipo exige exceso en el ejercicio de las facultades de administrar. Una decisión dentro del ámbito de la discrecionalidad empresarial razonable no integra el tipo.
En administración desleal la pericia económica es prueba estrella. Aportamos pericia contradictoria sobre la operación cuestionada, comparables de mercado, valoración del riesgo asumido y trazabilidad del perjuicio.
El tipo exige causar perjuicio al patrimonio administrado. Si la operación generó beneficio neto o si el perjuicio no es real o no es cuantificable, falta un elemento típico.
Si el administrador siguió el régimen de los arts. 228 a 230 LSC para conflictos de interés (comunicación, abstención, dispensa o autorización), la defensa argumenta cumplimiento del deber de lealtad y protección de la operación frente a terceros.
La reparación del perjuicio antes del juicio oral es atenuante (art. 21.5 CP) y puede apreciarse como muy cualificada si es especialmente relevante. Una conformidad con pena no superior a 2 años permite pedir la suspensión de la ejecución si se cumplen los requisitos del art. 80 CP.
Si has recibido querella, citación o requerimiento por administración desleal:
La administración desleal (art. 252 CP) sanciona el exceso en el ejercicio de las facultades de administrar con perjuicio. La apropiación indebida (art. 253 CP) sanciona la distracción definitiva del bien recibido. Tras la reforma de 2015 la frontera se afinó y los casos se reparten entre ambas figuras.
No, por sí sola. La protección de la discrecionalidad empresarial (business judgment rule, art. 226 LSC) protege las decisiones adoptadas de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y conforme a procedimiento adecuado. Solo cuando se acredita exceso de facultades y perjuicio típico hay administración desleal.
No. La administración desleal no está entre los delitos que generan responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 31 bis CP): el Código Penal la prevé para la estafa (art. 251 bis), pero no para los arts. 252 y 253. Lo habitual es que la sociedad sea la perjudicada y reclame la responsabilidad civil en el proceso penal, como acusación particular, o mediante la acción social de responsabilidad en la vía mercantil. Un programa de compliance no exime aquí a nadie, pero sí ayuda a demostrar que la conducta del administrador fue controlada y aprobada.
No. Las operaciones con partes vinculadas son lícitas si siguen el procedimiento del art. 230 LSC (información, abstención del afectado, autorización por el órgano competente y precio de mercado). Solo cuando se infringe ese procedimiento y se causa perjuicio puede haber administración desleal.
Tipo básico (pena máxima 3 años): 5 años. Tipo agravado del art. 250.1 (pena máxima 6 años) o del art. 250.2 (pena máxima 8 años, por ejemplo si el perjuicio supera los 250.000 €): 10 años. El cómputo se interrumpe con la dirección del procedimiento.
La administración desleal exige práctica conjunta en derecho penal económico y en derecho societario, un área en la que la línea entre la decisión arriesgada y el delito es muy fina. La defensa pasa por discutir el alcance de las facultades del administrador, la concurrencia del business judgment rule y la cuantificación del perjuicio. Un abogado generalista puede no manejar la doctrina del Tribunal Supremo posterior a la reforma de 2015 ni la complejidad de una pericia frente a la del fiscal y la acusación particular. Nuestro equipo trabaja cada caso con un objetivo claro: la absolución o, si no es posible, reducir al mínimo las consecuencias penales y patrimoniales.
En este despacho asumimos la defensa en administración desleal coordinada con peritos económicos y trabajo desde la fase de instrucción. El asesoramiento empieza por un análisis de la situación de la sociedad y de los hechos que recoge la querella.
Este servicio forma parte de la defensa especializada en delitos económicos y contra el patrimonio.
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Opiniones reales de clientes del despacho tras contratar nuestros servicios como abogados penalistas en Madrid.
«No hay nada tan angustioso como ser acusado siendo inocente. No puedo dejar de recomendar a Víctor, que es un gran profesional. Tiene mucha paciencia, sensibilidad y es cercano.»
«Es un abogado serio, profesional y atento, que transmite confianza y explica las cosas con claridad. Estoy muy satisfecho con el trato recibido y con el resultado.»
«Demuestra un gran conocimiento, es resolutivo y muy eficaz en su labor. Gracias a su esfuerzo y estrategia logramos un resultado excelente en mi caso. Un trato impecable y 100 % profesional.»
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Estudiaremos tu caso y te diremos exactamente a qué te enfrentas.