ABOGADO ESPECIALISTA EN FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN MADRID

Operaciones patrimoniales que despiertan una investigación

Asumo la defensa de deudores investigados o acusados cuando:

• Vendiste, donaste o transmitiste bienes mientras pesaba una deuda o un embargo
• Te investigan por dejar sin cobrar a un acreedor, a Hacienda o a la Seguridad Social
• Presentaste una relación de bienes incompleta en un procedimiento de ejecución (art. 258)
• Dispusiste de un bien embargado que tenías en depósito (art. 258 bis)
• La conducta se atribuye a una empresa o sociedad tuya (art. 258 ter)

Del alzamiento de bienes al uso de lo embargado: el Capítulo VII

Entender qué castiga exactamente el Código Penal es lo que separa una operación patrimonial lícita de un delito. Estos son los puntos donde se decide la defensa.

Qué castiga el capítulo de frustración de la ejecución

Los artículos 257 a 258 ter forman el Capítulo VII del Título XIII, que tras la reforma de 2015 pasó a llamarse «De la frustración de la ejecución». Lo que protege es el derecho de los acreedores a cobrar y la eficacia de los procedimientos de ejecución. Su fundamento está en el artículo 1.911 del Código Civil: el deudor responde de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros. Vaciar ese patrimonio de forma fraudulenta es lo que se persigue.

El alzamiento de bienes (art. 257), la modalidad principal

El alzamiento de bienes consiste en sacar el patrimonio del alcance de los acreedores para no pagar. Se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, que se eleva a uno a seis años cuando la deuda es con Hacienda o la Seguridad Social. Es un delito de tendencia: se consuma con el acto de sustraer los bienes con esa intención, sin que sea necesario que el acreedor quede definitivamente impagado. Puedes ver el detalle de esta modalidad en la página de defensa por alzamiento de bienes.

Ocultar bienes y usar bienes embargados (arts. 258 y 258 bis)

El artículo 258 castiga a quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativa, presenta a la autoridad una relación de bienes o de su patrimonio incompleta o falsa, dificultando el cobro. El artículo 258 bis sanciona el uso no autorizado de bienes embargados que se habían constituido en depósito. Son conductas menos graves que el alzamiento, pero con las que a menudo se acumula la acusación, y cada una tiene su propia línea de defensa.

Cuándo responde una empresa (art. 258 ter)

El artículo 258 ter permite exigir responsabilidad penal a la persona jurídica cuando estas conductas se cometen a través de una sociedad. Se le pueden imponer multas y, en los casos más graves, medidas como la suspensión de actividades o la disolución. La defensa de la empresa y la de la persona física se coordinan, porque lo que se decide en una influye en la otra.

El requisito clave: un crédito real y un ánimo de defraudar

No hay delito sin una deuda vencida y exigible que se pretenda burlar, y sin la intención de sustraer los bienes a la acción de los acreedores. La simple reorganización del patrimonio, el pago a un acreedor antes que a otro o la venta a precio de mercado con una causa real no bastan para condenar. El Tribunal Supremo exige acreditar ese ánimo de defraudar y un peligro efectivo para el cobro; ahí es donde suele decidirse el caso.

Diferencia con las insolvencias punibles

Conviene no confundir dos figuras vecinas. La frustración de la ejecución castiga sustraer bienes concretos a un acreedor que quiere cobrar. Las insolvencias punibles, reguladas en un capítulo distinto, van ligadas al concurso de acreedores y a la gestión que causa o agrava la insolvencia del deudor. La calificación correcta cambia la pena y la estrategia, y a veces ambas figuras concurren.

La pena, el derecho de crédito y la prescripción

Además de la pena de prisión y multa, la condena conlleva responsabilidad civil: devolver o reparar el perjuicio causado al acreedor. Según la modalidad y la gravedad, el delito prescribe a los cinco o a los diez años. Por eso, aunque el procedimiento avance despacio, conviene preparar la defensa desde el primer momento y no esperar al juicio.

Los puntos débiles de una acusación por vaciar el patrimonio