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Abogado especialista en frustración de la ejecución en Madrid

Vender o transmitir bienes cuando pesa una deuda, ocultar patrimonio a un acreedor o disponer de algo embargado pueden acabar en una acusación por frustrar la ejecución. Como abogado penalista especializado en frustración de la ejecución en Madrid, asumo tu defensa desde la primera citación. Si te investigan o te han citado a declarar, conviene actuar pronto: reserva una consulta cuanto antes. Si te detienen, llámame a cualquier hora.

Urgencias 24 h

Asistencia penal urgente 24 horas

Una citación como investigado no espera, y cada nueva operación patrimonial puede complicar tu situación. Lo que declares sobre la venta o el embargo condiciona todo el procedimiento. Atiendo con urgencia: si te detienen, llama ahora y activamos tu defensa de inmediato, cualquier día y a cualquier hora. Para citaciones e investigaciones, la consulta es de pago y con cita previa.

Vaciar tu patrimonio ante una deuda puede costar hasta seis años de prisión

La frustración de la ejecución es el capítulo del Código Penal (arts. 257 a 258 ter) que castiga poner tu patrimonio a salvo de quien tiene derecho a cobrar. Su modalidad principal es el alzamiento de bienes (art. 257): prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, que sube a uno a seis años si la deuda es de Derecho público con una Administración, como Hacienda o la Seguridad Social, o deriva de un delito fiscal (art. 257.3). También se persigue ocultar bienes en la ejecución (art. 258) y usar bienes embargados (art. 258 bis). El principio de presunción de inocencia (art. 24 de la Constitución) te ampara: sin un crédito real y un ánimo de defraudar no hay delito.

Una defensa que cruza lo penal, lo civil y lo mercantil

En este ámbito, la frontera entre gestionar tu patrimonio y cometer un delito es fina, y se cruza o no según la intención y el perjuicio real al acreedor. Trabajo esa defensa desde el derecho penal económico, cruzándolo con lo civil y mercantil, desde la primera diligencia hasta el juicio oral.

En qué intervengo

Operaciones patrimoniales que despiertan una investigación

Asumo la defensa de deudores investigados o acusados cuando:

  • Vendiste, donaste o transmitiste bienes mientras pesaba una deuda o un embargo
  • Te investigan por dejar sin cobrar a un acreedor, a Hacienda o a la Seguridad Social
  • Presentaste una relación de bienes incompleta en un procedimiento de ejecución (art. 258)
  • Dispusiste de un bien embargado que tenías en depósito (art. 258 bis)
  • La conducta se atribuye a una empresa o sociedad tuya (art. 258 ter)

Cómo defiendo una acusación de alzamiento u ocultación de bienes

01
¿Existe un crédito real? Sin una deuda real no hay delito. Reviso si la obligación que se dice defraudada existía cuando actuaste y si su reclamación era previsible.
02
La conducta concreta. Delimito si los hechos encajan en alzamiento (art. 257), en ocultación de bienes (art. 258) o en uso de bienes embargados (art. 258 bis), porque la pena cambia mucho.
03
Gestión lícita o ánimo de defraudar. Vender un bien o pagar a un acreedor antes que a otro no es delito si no busca burlar la ejecución. Trabajo la ausencia de ese dolo.
04
El perjuicio al acreedor. El delito protege el derecho de crédito. Discuto si de verdad se puso en peligro el cobro o si el acreedor tenía otras vías para satisfacerse.
05
Pago, consignación y reparación. Garantizar o abonar la deuda puede cerrar el caso o atenuar la pena. Valoro la salida que más te conviene.
Marco legal

Del alzamiento de bienes al uso de lo embargado: el Capítulo VII

Entender qué castiga exactamente el Código Penal es lo que separa una operación patrimonial lícita de un delito. Estos son los puntos donde se decide la defensa.

Los artículos 257 a 258 ter forman el Capítulo VII del Título XIII, que tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo, pasó a llamarse «De la frustración de la ejecución». Lo que protege es el derecho de los acreedores a cobrar y la eficacia de los procedimientos de ejecución. Su fundamento está en el artículo 1.911 del Código Civil: el deudor responde de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros. Vaciar ese patrimonio de forma fraudulenta es lo que se persigue. El artículo 257 no solo castiga alzarse con los bienes: también cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación, y ocultar elementos del patrimonio del deudor con la finalidad de eludir el pago de la responsabilidad civil derivada de un delito (art. 257.2).

El alzamiento de bienes consiste en sacar el patrimonio del alcance de los acreedores para no pagar. Se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, que se eleva a uno a seis años cuando la deuda es con Hacienda o la Seguridad Social. Es un delito de tendencia: se consuma con el acto de sustraer los bienes con esa intención, sin que sea necesario que el acreedor quede definitivamente impagado. Puedes ver el detalle de esta modalidad en la página de defensa por alzamiento de bienes.

El artículo 258 castiga a quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativa, presenta a la autoridad una relación de bienes o de su patrimonio incompleta o falsa, dificultando la satisfacción del acreedor, con prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses. La relación se considera incompleta si el deudor disfruta de bienes de terceros sin justificar su derecho, y el delito no se persigue si presenta una declaración veraz y completa antes de que se descubra la falsedad (art. 258.3). El artículo 258 bis sanciona el uso no autorizado de bienes embargados que se habían constituido en depósito, con prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. Son conductas menos graves, pero en un número importante de causas se acumulan a la acusación principal, y cada una tiene su propia línea de defensa.

El artículo 258 ter permite exigir responsabilidad penal a la persona jurídica cuando estas conductas se cometen a través de una sociedad. Se le pueden imponer multas y, en los casos más graves, medidas como la suspensión de actividades o la disolución. La defensa de la empresa y la de la persona física se coordinan, porque lo que se decide en una influye en la otra.

No hay delito sin un crédito real que se pretenda burlar y sin la intención de sustraer los bienes a la acción de los acreedores. Según la doctrina, en el alzamiento no hace falta que la deuda haya vencido: basta una obligación real que el acreedor pueda exigir, de modo que el análisis se centra en si la obligación existía y en el ánimo de eludir su cumplimiento. La simple reorganización del patrimonio, por ejemplo el pago a un acreedor antes que a otro o la venta a precio de mercado con una causa real no bastan para condenar. El Tribunal Supremo exige acreditar ese ánimo de defraudar y un peligro efectivo para el cobro; ahí es donde suele decidirse el caso.

Conviene no confundir dos figuras vecinas. La frustración de la ejecución castiga sustraer bienes concretos a un acreedor que quiere cobrar. Las insolvencias punibles, reguladas en un capítulo distinto, van ligadas al concurso de acreedores y a la gestión que causa o agrava la insolvencia del deudor. La calificación correcta cambia la pena y la estrategia, y a veces ambas figuras concurren.

Además de la pena de prisión y multa, la condena conlleva responsabilidad civil: devolver o reparar el perjuicio causado al acreedor. Según la modalidad y la gravedad, el delito prescribe a los cinco o a los diez años. Por eso, aunque el procedimiento avance despacio, conviene preparar la defensa desde el primer momento y no esperar al juicio.

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Cómo defiendo una frustración de la ejecución

Seguimos el rastro del patrimonio, de la deuda a la ejecución.

Ventas de activos, testaferros y sociedades: lo reconstruimos operación por operación para separar la gestión lícita del ánimo de burlar al acreedor.

Conductas que se persiguen dentro de la frustración de la ejecución

Alzamiento de bienes (257)

La modalidad principal: sacar los bienes del alcance de los acreedores. Prisión de uno a cuatro años. Ver defensa

Ocultación de bienes (258)

Presentar una relación de bienes falsa o incompleta en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo. Consultar mi caso

Uso de bienes embargados (258 bis)

Utilizar sin autorización un bien embargado que se te confió en depósito judicial. Consultar mi caso

Deudas con Hacienda o la Seguridad Social

Cuando el crédito es de derecho público, la pena del alzamiento se agrava hasta los seis años. Ver defensa

Transmisiones a familiares o testaferros

Poner bienes a nombre de un pariente o de un testaferro para vaciar el patrimonio ante la deuda. Ver defensa

Frustración por una empresa (258 ter)

Cuando la conducta se atribuye a una persona jurídica, con su propio régimen de responsabilidad penal. Ver defensa

Insolvencia punible

La figura vecina, ligada al concurso de acreedores, con la que a menudo se confunde la frustración de la ejecución. Ver defensa

Sin crédito exigible

Si la obligación no era exigible o no llegó a existir, falta un elemento esencial del tipo penal. Consultar mi caso

Pago y reparación

Abonar, garantizar o consignar la deuda a tiempo puede cerrar el procedimiento o rebajar la pena. Consultar mi caso

Los puntos débiles de una acusación por vaciar el patrimonio

La frustración de la ejecución exige una deuda real y exigible que se pretende burlar; en la obstaculización de un embargo, además, ya vencida. Si el crédito no existía, no había nacido o no era reclamable cuando actuaste, falta la base del delito y decae la acusación.

No es lo mismo alzarse con los bienes (art. 257) que presentar una relación de bienes incompleta (art. 258) o usar un bien embargado (art. 258 bis). Cada modalidad tiene su pena, y encajar bien los hechos condiciona toda la defensa.

Vender un bien, pagar a un acreedor antes que a otro o reorganizar tu patrimonio no es delito por sí mismo. Hace falta acreditar, como elemento subjetivo, el ánimo de sustraer los bienes a la acción de los acreedores. Trabajamos la ausencia de ese dolo.

El delito protege el derecho de crédito. Discutimos si la operación puso en peligro real el cobro o si el acreedor conservaba otros bienes o garantías con los que satisfacerse. Sin ese riesgo objetivo para el cobro, no hay resultado típico.

Cuando el acreedor es Hacienda o la Seguridad Social, el alzamiento del art. 257 se agrava hasta los seis años de prisión. Combinar la defensa penal con la vía tributaria suele ser decisivo en estos casos.

Abonar, garantizar o consignar la deuda puede hacer desaparecer el perjuicio y, con él, buena parte del reproche penal. Cuando interesa a tu defensa, valoramos la reparación y una conformidad ventajosa.

Si te investigan

Te investigan por una venta o una transmisión: qué hacer

Si te citan a declarar o ya te investigan por los arts. 257 a 258 bis:

  • No declares sobre las operaciones patrimoniales sin abogado, ni siquiera para «aclararlo»
  • No realices nuevas transmisiones de bienes mientras dure la investigación
  • Reúne la documentación de la deuda, del embargo y de cada operación: escrituras, contratos, justificantes y la información de cada cuenta bancaria
  • Guarda todo lo que acredite que las operaciones tenían una causa real y lícita
Dudas habituales

No por sí solo. Vender un bien es lícito salvo que se haga para sustraerlo a un acreedor con una deuda real y exigible. Estudio si existía ese crédito, si hubo ánimo de defraudar y si se puso en peligro real el cobro.

La frustración de la ejecución es el capítulo del Código Penal que agrupa varias conductas. El alzamiento de bienes (art. 257) es su modalidad más conocida, pero también incluye la ocultación de bienes (art. 258) y el uso de bienes embargados (art. 258 bis).

La insolvencia punible se regula en un capítulo distinto y va ligada al concurso de acreedores y a la mala gestión del patrimonio que provoca o agrava la insolvencia. La frustración de la ejecución castiga sustraer bienes concretos a un cobro. Encajar bien los hechos cambia la calificación y la pena.

El alzamiento de bienes se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, y sube a uno a seis años si la deuda es con Hacienda o la Seguridad Social. La ocultación de bienes y el uso de bienes embargados tienen penas menores.

Totalmente. La llamada está protegida por el secreto profesional desde el primer minuto. Te digo qué hacer y qué no, con transparencia.

Por qué el despacho

Un penalista que entiende el patrimonio y la ejecución

Estas causas se ganan en la frontera entre lo penal, lo civil y lo mercantil: qué crédito existía, qué operación se hizo y con qué intención. Hablas siempre con el abogado que lleva tu caso, sin intermediarios, y el asesoramiento se centra en la función real de cada operación, y estudio cada transmisión con la documentación en la mano.

No prometo resultados: preparo el mejor escenario posible con lo que dicen la ley y la prueba. Forma parte de la defensa penal especializada en Madrid.

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Reseñas verificadas

Opiniones de clientes

Opiniones reales de clientes del despacho tras contratar nuestros servicios como abogados penalistas en Madrid.

4,9 · 104 reseñas verificadas en Google
«No hay nada tan angustioso como ser acusado siendo inocente. No puedo dejar de recomendar a Víctor, que es un gran profesional. Tiene mucha paciencia, sensibilidad y es cercano.»
Alfonso Nishikawa · Google
«Es un abogado serio, profesional y atento, que transmite confianza y explica las cosas con claridad. Estoy muy satisfecho con el trato recibido y con el resultado.»
Facu López · Google
«Demuestra un gran conocimiento, es resolutivo y muy eficaz en su labor. Gracias a su esfuerzo y estrategia logramos un resultado excelente en mi caso. Un trato impecable y 100 % profesional.»
Cliente · Google
Víctor Ávila, abogado penalista en Madrid · solicita una consulta
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Despacho de abogados penalistas en el centro de Madrid

Víctor Ávila Abogado Penalista
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Centro, 28004 Madrid

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