La libertad condicional por enfermedad grave está prevista en el artículo 91 del Código Penal para los enfermos muy graves con padecimientos incurables y para los mayores de setenta años. No exige haber cumplido ninguna fracción de la condena, pero sí tercer grado, buena conducta y escasa peligrosidad. Si el peligro para la vida es patente, el juez puede concederla sin ningún otro requisito.
El Código Penal no fija un tiempo mínimo de prisión para el penado gravemente enfermo. Exige otra cosa: que el juez compruebe que ya no es peligroso y que tiene adónde ir. Para la familia de un interno con un cáncer avanzado o una demencia, la cuestión suele llegar con prisa. Conviene saber desde el principio que intervienen tres preceptos distintos, y que confundirlos cuesta semanas.
¿Qué es la libertad condicional por enfermedad grave y dónde está regulada?
Es la suspensión del resto de la pena que el artículo 91 del Código Penal permite conceder a los enfermos muy graves con padecimientos incurables y a los septuagenarios sin exigir la mitad, los dos tercios ni las tres cuartas partes de la condena. El artículo 196 del Reglamento Penitenciario regula el expediente. Se funda en razones humanitarias y de dignidad personal.
El artículo 91 tiene tres apartados que conviene distinguir. El 91.1 dispensa del requisito temporal, pero mantiene los demás del artículo 90. El 91.2 obliga a la Administración a elevar el expediente «con la urgencia que el caso requiera». El 91.3 prevé el supuesto más grave: el peligro patente para la vida.
Como toda libertad condicional desde 2015, es una suspensión sujeta a plazo y revocable. El texto vigente está en el Código Penal consolidado del BOE.
¿Qué enfermedad permite pedir la libertad condicional?
La ley no contiene una lista de enfermedades. El artículo 91.1 del Código Penal habla de «enfermos muy graves con padecimientos incurables», y exige que así quede acreditado con los informes médicos que el juez de vigilancia penitenciaria considere necesarios. Lo relevante es la gravedad, la irreversibilidad y el pronóstico, más que el diagnóstico concreto.
El expediente debe incluir un informe médico que acredite la enfermedad, su gravedad y su irreversibilidad (art. 196.3 RP). Los servicios médicos del centro lo comunican a la Junta de Tratamiento cuando aprecian que concurren las condiciones.
La familia puede aportar informes privados de especialistas, y conviene hacerlo, con detalle sobre evolución y pronóstico. Suelen remitirse al Instituto de Medicina Legal para su contraste.
La enfermedad, sin embargo, casi nunca decide el expediente. Decide el juicio de peligrosidad. La Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, al revisar el tercer grado por esta vía, exige que la enfermedad afecte a la capacidad de delinquir. Si ya se padecía al cometer el delito, la defensa debe centrarse en el empeoramiento posterior.
¿Hace falta estar en tercer grado para obtenerla?
Sí, en el supuesto ordinario del artículo 91.1 del Código Penal. El enfermo muy grave y el septuagenario quedan dispensados solo del tiempo mínimo de cumplimiento, no del tercer grado. La única excepción es el artículo 91.3: cuando el peligro para la vida es patente, el juez puede conceder la libertad condicional sin clasificación previa.
Por eso hay que distinguir entre los preceptos que dan el grado y el que da la libertad:
La Instrucción 4/2015 reserva el artículo 36.4 a quien tiene pendiente el periodo de seguridad. Es criterio administrativo, sin rango normativo. Sin periodo de seguridad, el tercer grado se pide por el artículo 104.4 del Reglamento.
¿Sabíais que con peligro patente para la vida se puede salir sin tercer grado?
¿Qué ocurre cuando hay peligro patente para la vida?
El artículo 91.3 del Código Penal permite conceder la libertad condicional sin tercer grado ni ningún otro requisito cuando el peligro para la vida del interno, por enfermedad o por edad avanzada, es patente. Debe acreditarlo el dictamen del médico forense y el de los servicios médicos del centro penitenciario. El juez solo pide al centro el informe de pronóstico final.
Es la vía para el enfermo terminal: el trámite se reduce al mínimo.
Hay que pedir expresamente el dictamen del forense. Sin los dos informes, el del forense y el de los servicios médicos, el artículo 91.3 no puede aplicarse y el expediente vuelve a la vía ordinaria.
El liberado asume una obligación: facilitar al servicio médico penitenciario, al forense o al médico que designe el juez la información sobre la evolución de su enfermedad. Si no lo hace, la libertad condicional puede revocarse.
El precepto habla de «el juez o tribunal», pero la competencia sigue siendo del juez de vigilancia penitenciaria. Solo en la prisión permanente revisable decide el tribunal sentenciador.
¿Pueden salir en libertad condicional los mayores de 70 años?
Sí. El artículo 91.1 del Código Penal extiende la libertad condicional sin requisito temporal a los penados que hayan cumplido setenta años o los cumplan durante la condena. Deben estar en tercer grado, tener buena conducta y ofrecer un pronóstico de escasa peligrosidad. La edad se acredita con la certificación de nacimiento (art. 196.3 RP).
La edad no basta. El artículo 91.2 manda al juez valorar las circunstancias personales, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del penado. Un septuagenario dependiente y con apoyo familiar tiene un expediente mucho más sólido que uno autónomo y sin entorno.
El obstáculo real suele ser asistencial. Muchos internos de edad avanzada no tienen familia que los acoja, y algunas residencias rechazan perfiles con condenas por violencia. La pregunta que bloquea el expediente es sencilla: ¿adónde va esta persona?
El artículo 196.4 del Reglamento obliga a la Administración a facilitar el apoyo social externo a quien carece de él. Es un argumento útil cuando la falta de acogida se convierte en la razón de fondo de la denegación.
¿Cómo se prepara el expediente de libertad condicional por enfermedad?
El expediente se prepara en paralelo por tres vías: el tercer grado humanitario, la libertad condicional del artículo 91 del Código Penal y, si el peligro para la vida es patente, el artículo 91.3. Son instituciones distintas, y la desestimación de una no arrastra a las demás. La clave práctica es llegar con una acogida acreditada.
El orden de trabajo que da mejores resultados es este:
- Pedir el tercer grado por el artículo 104.4 RP o el 36.4 CP, con informe médico e informe social de acogida.
- Reunir informes médicos privados sobre gravedad, irreversibilidad y pronóstico.
- Acreditar el recurso asistencial: familia, residencia o unidad de cuidados paliativos.
- Construir el pronóstico de escasa peligrosidad: edad, dependencia, entorno y tiempo transcurrido desde los hechos.
- Si el peligro para la vida es patente, invocar el artículo 91.3 y pedir el dictamen del forense.
Si el penado todavía no ha ingresado, existe otra vía. El artículo 80.4 del Código Penal permite al tribunal sentenciador suspender cualquier pena sin requisito alguno cuando el condenado padece una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Sobre ese cauce trata la suspensión de la pena de prisión.
¿Qué problemas pueden frenar la libertad condicional por enfermedad?
Tres problemas se repiten. El artículo 91.4 del Código Penal remite a las causas de denegación por impago de la responsabilidad civil. El plazo de suspensión no puede ser inferior a la pena pendiente. Y la libertad condicional puede revocarse si cambian las circunstancias que la justificaron, incluida una mejoría notable de la salud.
Sobre la responsabilidad civil, el argumento de defensa es de sentido común. En una libertad condicional fundada en razones humanitarias, denegarla porque el enfermo no ha pagado carece de sentido, y así debe alegarse.
El plazo plantea un problema serio en penas largas. La suspensión dura de dos a cinco años y no puede ser inferior a lo que queda de condena. Si la enfermedad se detecta al principio de una pena larga, hay quien sostiene que la concesión es imposible. Es un punto discutido, y la lectura mayoritaria permite fijar un plazo igual a lo pendiente.
Contra el auto que deniega caben reforma, en tres días, y apelación, en cinco, ante el tribunal sentenciador. En estos asuntos, un abogado experto en derecho penitenciario aporta sobre todo rapidez y orden en la prueba.
Preguntas frecuentes sobre la libertad condicional por enfermedad grave o edad
¿Hay que haber cumplido una parte de la condena para pedirla?
No. La libertad condicional por enfermedad muy grave con padecimientos incurables o por edad no exige haber cumplido ninguna fracción de la condena (art. 91.1 CP). Sí exige, en el supuesto ordinario, tercer grado, buena conducta y un pronóstico de escasa peligrosidad. En caso de peligro patente para la vida, basta la falta de peligrosidad relevante.
¿Quién decide si la enfermedad es lo bastante grave?
Decide el juez de vigilancia penitenciaria a la vista de los informes médicos que considere necesarios: los de los servicios médicos del centro, los privados que aporte la defensa y, en su caso, el del médico forense. Cuando se invoca el peligro patente para la vida, el artículo 91.3 exige el dictamen del forense y el del centro.
¿Puede la familia iniciar el trámite de la libertad condicional por enfermedad?
La petición formal corresponde al penado o a su abogado, que pueden dirigirse directamente al juez de vigilancia penitenciaria. La familia puede alertar a los servicios médicos y a la Junta de Tratamiento, y aportar informes médicos y el compromiso de acogida. La Administración debe elevar el expediente con urgencia en cuanto conozca la situación (art. 91.2 CP).
¿Se puede revocar la libertad condicional si el enfermo mejora?
Puede ocurrir. El artículo 90.5 del Código Penal, aplicable por remisión del artículo 91.4, permite revocar la libertad condicional cuando cambian las circunstancias que la justificaron y ya no se sostiene el pronóstico. En el supuesto de peligro patente para la vida, también puede revocarse si el liberado no informa sobre la evolución de su enfermedad.
¿Qué pasa si el condenado está gravemente enfermo antes de entrar en prisión?
En ese caso la vía es otra. El artículo 80.4 del Código Penal permite al juez o tribunal sentenciador suspender cualquier pena, sin sujeción a requisito alguno, si el penado sufre una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Solo se excluye a quien, al cometer el delito, ya tenía otra pena suspendida por el mismo motivo.
¿El expediente se frena porque no hay dónde acogerle al salir?
¿Cuándo conviene contar con un abogado penalista en derecho penitenciario?
Conviene desde el momento en que se conoce el diagnóstico. En estos expedientes el tiempo juega en contra, y los fallos habituales son de orden: pedir la libertad condicional sin tercer grado, no solicitar el dictamen del forense o llegar sin acogida acreditada. Un abogado penalista en derecho penitenciario coordina las tres vías y la prueba médica y social.
En el despacho trabajamos estos asuntos con la familia desde el primer día: qué informes pedir y a quién dirigir cada escrito. El resultado depende del juicio de peligrosidad; nuestro trabajo es que el expediente llegue completo.
Si su familiar está gravemente enfermo o ha cumplido setenta años en prisión, un abogado experto en derecho penitenciario puede revisar su situación. Encontrará más información en la página de abogado de libertad condicional en Madrid, y puede contactar con el despacho para exponer el caso.
Artículo redactado por Víctor Ávila Martínez, abogado penalista, colegiado nº 141230 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
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Abogado penalista en Madrid (Graduado en Derecho y ADE con Máster de Acceso a la Abogacía), experto en procedimientos complejos y técnicos en Derecho Penal. Cuenta con títulos como el Curso de Derecho Penal Avanzado impartido por magistrados del Tribunal Supremo en el Iltre. Colegio de Abogacía de Madrid.
