Dejar de pasar la pensión durante unos meses, por falta de trabajo, por un bache económico o por una discusión con tu expareja, puede acabar en un juzgado penal. El impago de pensiones es delito cuando se cumplen los requisitos del artículo 227 del Código Penal, y no hace falta que quieras abandonar a tus hijos ni que tengas dinero de sobra. Muchas personas lo descubren al recibir una citación como investigado, convencidas de que se trata de un asunto civil. Si te acusan de un delito de impago de pensión, conviene entender qué castiga la ley, qué tiene que probar la acusación y qué opciones de defensa tienes, también cuando el problema es que no puedes pagar y no que no quieras.
Impago de pensiones: qué delito es y qué dice el artículo 227 del Código Penal
Es un delito del artículo 227 del Código Penal, que castiga a quien deja de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier prestación económica a favor de su cónyuge o de sus hijos. El texto vigente figura en el Código Penal publicado en el BOE.
La obligación tiene que venir fijada en un convenio judicialmente aprobado o en una resolución judicial dictada en un proceso de separación, divorcio, nulidad del matrimonio, filiación o alimentos a favor de los hijos. El apartado 2 extiende la misma pena a cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en esos supuestos.
Fíjate en dos detalles que luego pesan mucho en la defensa:
- El delito de impago de pensión alimenticia exige un título judicial. Un acuerdo privado entre vosotros, no aprobado por el juez, no basta para el artículo 227.
- Se cuentan mensualidades impagadas, no euros. Dos meses seguidos o cuatro alternos completan el tipo, con independencia de la cuantía de la pensión.
Muchos lo llaman abandono de familia, pero el tipo penal del impago es distinto del delito de abandono del art. 226, que veremos más abajo.
Pena por impago de pensiones: prisión o multa
La pena por impago de pensiones es de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. El juez elige entre una y otra, y esa alternativa deja margen real a la defensa. Se trata de un delito menos grave y, salvo que haya otros hechos, no se castiga con inhabilitación.
El artículo 227.3 añade una consecuencia que conviene tener presente: la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas. Es decir, aunque te absuelvan de la parte penal, la deuda civil sigue ahí, y si te condenan tendrás que abonar lo debido además de la pena. Esa responsabilidad civil derivada del delito se tramita en el mismo procedimiento.
Si no tienes antecedentes y te condenan a prisión por esta cuantía, existe la posibilidad de pedir la suspensión de la pena de prisión del artículo 80 del Código Penal, que el juez valora, entre otros datos, por tu esfuerzo para reparar el daño causado. De ahí que ponerte al día con la deuda mejore tu posición aunque ya exista procedimiento.
Abandono de familia del artículo 226: en qué se diferencia
El art. 226 castiga el abandono de familia en sentido amplio: dejar de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento, o no prestar la asistencia necesaria para el sustento de descendientes, ascendientes o cónyuge que se hallen necesitados. La pena es de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, y el juez puede añadir la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad de cuatro a diez años.
La diferencia práctica es esta. El art. 226 no requiere una resolución judicial previa y se centra en que la persona atendida esté necesitada. El art. 227 sí exige un convenio aprobado o una sentencia o auto, y se centra en el incumplimiento económico en sí. Cuando hay una pensión fijada por un juez, la acusación casi siempre se dirige por el 227, y es sobre ese tipo penal donde se construye la defensa, con criterios que fija la jurisprudencia.
Qué tiene que probar la acusación para condenarte
La acusación debe acreditar todos los elementos del tipo, y basta con que falle uno para que la condena no prospere. Un abogado penalista especialista en este delito empieza revisando estos puntos.
Que existe una obligación fijada judicialmente y que te afecta
Hace falta la sentencia, el auto o el convenio regulador aprobado, con la cuantía y la forma de pago. Se revisa la conducta que se te atribuye, que la resolución estuviera notificada, que estuviera vigente en los meses denunciados y si hubo modificaciones posteriores que cambiaran el importe. Un error en el cómputo de las mensualidades, o la inclusión de partidas que no son pensión (como gastos extraordinarios discutidos), puede cambiar el resultado.
Que dejaste de pagar el número de meses que exige la ley
Los dos meses consecutivos o cuatro alternos se prueban con extractos bancarios y justificantes. A menudo los pagos no se hicieron por la vía fijada pero sí existieron: transferencias a otra cuenta, pagos directos de colegio o de ropa, o abonos en efectivo. Conviene reunirlos todos, porque pueden rebajar el número de meses impagados por debajo del umbral.
Que el impago fue voluntario y que podías pagar
Este es el elemento donde más se discute. El delito exige dolo: que supieras de tu obligación y no la cumplieras pudiendo hacerlo. Los tribunales analizan tu capacidad económica real en cada mes impagado, y no solo la que tenías cuando se fijó la pensión. Si de verdad no podías pagar, no hay delito. Ahora bien, esa imposibilidad hay que demostrarla con datos.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo lo recoge con claridad. En la STS 41/2024, de 17 de enero, de la Sala Segunda, se explica que se trata de un delito doloso: el obligado al pago debe conocer la resolución que fija la pensión y querer no pagar, y no se castiga a quien no puede hacerlo, porque sería volver a la prisión por deudas. Esa misma doctrina recuerda que el simple retraso o la inexactitud en el pago no bastan por sí solos, y que los meses de impago posteriores se van sumando al mismo delito hasta el juicio. El propio Supremo ha llegado a calificar el impago de la pensión como una forma de violencia económica, lo que explica que los tribunales no traten estos casos como una simple disputa entre progenitores, aunque esa calificación no cambia los elementos del tipo que la acusación debe probar. Otro dato útil para el acusado: el perdón del progenitor que denunció no extingue la responsabilidad penal en este delito.
¿Te han citado como investigado por impago de pensiones y no sabes qué elementos del delito pueden caerse en tu caso?
Imposibilidad de pago como defensa: pérdida de empleo, ERTE y falta de ingresos

La imposibilidad de pago es la defensa más habitual en estos casos, y funciona cuando se prueba bien. No basta con decir que no tenías dinero. Hay que acreditar que la falta de ingresos fue real, que no tenías otros recursos y que hiciste lo razonable por cumplir.
Los datos que suelen pesar en el Juzgado de lo Penal, y después en la apelación ante la Audiencia Provincial, son estos:
- Pérdida de empleo, despido o cese de actividad, con el certificado de la prestación por desempleo y su cuantía.
- Situaciones como un ERTE, una baja médica o la reducción de jornada que recortaron tus ingresos de forma sustancial.
- Búsqueda activa de trabajo: inscripción como demandante, candidaturas, entrevistas.
- Ausencia de patrimonio con el que atender la deuda: cuentas, inmuebles, vehículos o ingresos de otras fuentes.
- Tus propios gastos imprescindibles, incluidas otras cargas familiares.
También cuenta si hubo insolvencia real o aparente. Los jueces desconfían de quien alega penuria pero mantiene un nivel de vida que no encaja. Sin una mínima actividad por tu parte para pagar, una pérdida de empleo por sí sola puede no ser suficiente. Y atención con este punto: mover bienes a nombre de terceros para que no se puedan embargar puede abrir un segundo frente penal, el de alzamiento de bienes, mucho peor que el que intentas evitar.
La segunda pieza es civil. Si tus circunstancias cambiaron de forma sustancial, puedes pedir al juzgado de familia la modificación de las medidas (art. 90 del Código Civil y art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Presentar esa demanda a tiempo demuestra buena fe y evita que la deuda siga creciendo. Pero hay un límite: la nueva cuantía no suele aplicarse a las mensualidades ya devengadas, así que mientras no te la reconozcan, la pensión fijada sigue siendo exigible. Dejar de pagar a la espera de una sentencia de modificación es un error frecuente, y el pago de la pensión fijada debe mantenerse en lo posible, atendiendo primero las necesidades de los hijos.
Pagos parciales, pago posterior y reparación del daño
Un pago parcial no te blinda frente al delito, pero tampoco es irrelevante. Lo que no abonas cuenta como impagado, de modo que si pagas la mitad de cada mensualidad, la mitad restante puede computarse igualmente a efectos de los meses del art. 227. En el juicio, sin embargo, esos pagos son una prueba clara de tu voluntad de cumplir y de lo que podías afrontar en cada momento.
Pagar después de que te denuncien tampoco borra automáticamente el delito ya cometido. Lo que sí hace es reducir el daño y mejorar tu situación: puede dar lugar a la atenuante de reparación del daño del art. 21.5 del Código Penal, que se aplica si reparas antes de la celebración del juicio oral (los tribunales la aplican con más reservas en delitos de mera omisión sin resultado, así que no debe darse por segura), y pesa a la hora de negociar una conformidad o de pedir la suspensión de la pena. Por eso, si tienes la posibilidad de regularizar la deuda, es mejor hacerlo con asesoramiento y dejando constancia del pago en el procedimiento.
La denuncia del art. 228, la prescripción y la ejecución civil en paralelo
El art. 228 establece que este delito solo se persigue previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando la persona agraviada sea menor de edad, tenga una discapacidad necesitada de especial protección o sea una persona desvalida, también puede denunciar el Ministerio Fiscal. Sin denuncia, el procedimiento no debería iniciarse, y la conducta del denunciante se estudia desde el primer día. Si quieres entender cómo arranca un proceso penal, te sirve la diferencia entre querella y denuncia.
Respecto a la prescripción, la pena máxima de un año de prisión sitúa este delito en el plazo general de cinco años del art. 131. Pero el cómputo no es sencillo. Según el 132, el plazo corre desde la última infracción en los delitos continuados o permanentes, y en los delitos contra las relaciones familiares, cuando la víctima es menor de 18 años, los plazos se cuentan desde que alcanza la mayoría de edad. Eso significa que un impago antiguo a favor de un hijo menor puede seguir siendo perseguible durante mucho tiempo. La prescripción es una defensa posible, pero se estudia caso por caso.
Mientras corre el proceso penal, la vía civil sigue su camino. Quien tiene derecho a cobrar puede pedir la ejecución de la sentencia ante el juzgado de familia, con embargo de cuentas y de nómina. En la ejecución para el pago de alimentos no rige el límite de inembargabilidad del salario que protege a otras deudas, según el art. 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata de dos procedimientos distintos y compatibles: lo que cobren por la vía civil se descuenta de la deuda, pero no cierra la causa penal.
Qué hacer si te citan como investigado por impago de pensiones
La citación como investigado es el momento en que más errores se cometen. Estas son las pautas básicas:
- No ignores la citación. Si no compareces, el juez puede acordar medidas más duras.
- No declares sin abogado. Tienes derecho a la asistencia letrada y a no declarar, según el art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Antes de contar nada hay que estudiar qué consta en la causa.
- Reúne la documentación: sentencia o convenio, extractos bancarios de los últimos años, nóminas, vida laboral, certificados de desempleo e informes médicos si hubo baja.
- No contactes con tu expareja para presionarla ni para pedirle que retire la denuncia. Puede interpretarse en tu contra y generar problemas adicionales.
- Empieza a pagar lo que puedas, por el cauce fijado, y guarda todos los justificantes.
- Valora la demanda de modificación de medidas si tus ingresos han cambiado de forma sustancial.
Estos asuntos suelen tramitarse por procedimiento abreviado y se enjuician en un Juzgado de lo Penal. Una condena por este delito genera antecedentes penales, que podrás cancelar cuando hayas cumplido la pena y transcurrido el plazo legal.
Cómo te ayuda un abogado experto en este delito
Un abogado penalista con experiencia en este tipo de acusaciones revisa el título que sirve de base a la acusación, recompone el cómputo de mensualidades, documenta tu capacidad económica real mes a mes y coordina la defensa penal con el procedimiento de familia. Con esa base se decide si lo más sólido es pedir la absolución por falta de dolo o de capacidad de pago, alegar prescripción, negociar una conformidad o regularizar la deuda para atenuar la pena.
La estrategia no es la misma si debes pocos meses y puedes ponerte al día que si has dejado de pagar durante años. Tampoco si hay hijos menores o si hubo una modificación de medidas en trámite. En Madrid atendemos estos asuntos con discreción, con el objetivo de que el procedimiento penal no empeore el problema económico que ya tienes.
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Preguntas frecuentes sobre el impago de pensiones
¿Cuántos meses sin pagar la pensión son delito?
Dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, según el art. 227.1 del Código Penal. Debe tratarse de una pensión fijada en convenio aprobado por el juez o en resolución judicial.
¿Se va a la cárcel por no pagar la pensión de alimentos?
La pena es de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, de manera que la multa es una alternativa real. Si te condenan a prisión, esa duración puede suspenderse cuando se cumplen los requisitos del art. 80. Cada caso depende de los hechos y de la prueba.
¿Es delito no pagar la pensión si estoy en paro?
No, si de verdad no puedes pagar. El delito exige que el impago sea voluntario y que tengas capacidad económica. Eso sí, la omisión del pago solo se excusa si la falta de ingresos se prueba con documentos y conviene pedir la modificación de medidas, porque el paro por sí solo no extingue la obligación.
¿Si pago lo que debo desaparece la denuncia por impago de pensión?
No de forma automática. Pagar repara el daño, puede suponer una atenuante y mejora tu posición para negociar o pedir la suspensión de la pena. En cambio, no siempre impide que el procedimiento continúe.
¿Cuánto tarda en prescribir el delito de impago de pensiones?
Como regla general, cinco años, aunque el cómputo depende de cuándo cesó el impago y de si el beneficiario es menor de edad. Por eso hay que estudiarlo con el expediente delante.
¿Es lo mismo el abandono de familia que el impago de pensiones?
No exactamente. El art. 226 castiga el incumplimiento de los deberes de asistencia, mientras que el art. 227 castiga el impago de las prestaciones fijadas por un juez, y es la materia habitual de estas denuncias.
Artículo redactado por Víctor Ávila Martínez, abogado penalista, colegiado nº 141230 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
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