¿Has sido denunciado por un delito contra los derechos de los trabajadores? ¿Buscas un abogado especialista en delitos contra los derechos de los trabajadores que defienda tus intereses con eficacia y experiencia? En nuestro despacho penalista, tenemos un único objetivo: proteger tus derechos y tu futuro.
En este artículo te explicaremos todo lo que debes saber si estás investigado o imputado por este tipo de delitos, cómo puede ayudarte un abogado experto y qué estrategias de defensa existen. Te acompañamos de principio a fin, con la máxima profesionalidad y dedicación.
¿Qué es el delito contra los derechos de los trabajadores?
Concepto y regulación legal
El delito contra los derechos de los trabajadores se encuentra regulado en los artículos 311 a 318 del Código Penal español. Su objetivo es proteger las condiciones laborales dignas, evitando abusos, fraudes o explotaciones que perjudiquen a los trabajadores.
Especialmente, el artículo 312.2 del Código Penal sanciona:
a) El empleo de extranjeros sin permiso de trabajo, y
b) Que dicho empleo se realice en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan sus derechos laborales.
No basta simplemente con contratar a extranjeros irregulares: se exige que las condiciones sean claramente indignas o abusivas.
¿Qué diferencia un delito contra los Derechos de los Trabajadores de una infracción administrativa?
No todas las irregularidades laborales constituyen delito. El Derecho penal solo actúa cuando se vulnera gravemente la dignidad del trabajador.
Según el Tribunal Supremo para que haya delito, no basta con contratar extranjeros sin papeles: deben imponerse condiciones indignas que lesionen sus derechos fundamentales.
Si no se demuestra esa explotación, el hecho puede ser sancionado administrativamente, pero no penalmente.
¿Por qué contratar a trabajadores sin papeles no es delito?
La posibilidad de alta en la Seguridad Social. no depende de la voluntad del empleador, sino de la propia norma, que impide dicho acceso para los extranjeros carentes de permiso de trabajo; aunque el acusado hubiera querido darle de alta, hubiera resultado imposible.
Por lo que, mientras que no se pruebe que la empresa ha aprovechado esa situación irregular para aprovecharse del personal extranjero y exigirle condiciones indignas o abusivas, estaremos hablando de una sanción administrativa, pero nunca de un delito contra los derechos del trabajador.
Principales conductas sancionadas por el delito contra los derechos de los trabajadores
Las principales acciones que pueden constituir un delito contra los derechos de los trabajadores incluyen:
- Impedir o limitar el derecho de huelga o libertad sindical.
- Emplear a trabajadores en condiciones de explotación.
- Utilizar mano de obra extranjera sin permiso de trabajo en condiciones indignas.
- Coaccionar o discriminar a trabajadores en sus derechos laborales fundamentales.
¿Quién puede ser denunciado?
Cualquier persona que actúe como empresario, responsable, socio administrador o encargado puede ser investigado penalmente. Incluso los trabajadores que colaboren voluntariamente en los hechos pueden resultar imputados.
Por eso, contar con un abogado defensor desde el primer momento es esencial para garantizar una estrategia de defensa sólida.
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¿Cuáles son las penas por el delito contra los derechos de los trabajadores?
Penas privativas de libertad
La pena de prisión prevista para el delito contra los derechos de los trabajadores oscila entre seis meses y seis años, dependiendo de la gravedad de los hechos.
El juez valorará distintos factores para determinar la duración de la condena:
- El número de trabajadores afectados.
- La intensidad de la vulneración de derechos.
- El nivel de explotación o abuso constatado.
- La reincidencia o historial previo del acusado.
En casos leves, es posible obtener penas cercanas al mínimo legal (seis meses o un año), lo que permite solicitar la suspensión de la ejecución de la pena. No obstante, si concurren agravantes, las penas pueden alcanzar hasta seis años de cárcel.
Multas económicas de importancia
Además de la pena de prisión, el condenado puede ser sancionado con multas económicas de considerable cuantía.
Estas multas:
- Se imponen en meses (entre seis y doce meses habitualmente).
- La cantidad diaria se fija por el juez según la capacidad económica del condenado (normalmente entre 6 y 400 euros diarios).
- El impago de la multa puede dar lugar a prisión subsidiaria.
Inhabilitación especial para ejercer cargos de administración en empresas
La condena también puede conllevar inhabilitación especial para:
- Ser administrador de sociedades.
- Dirigir, gestionar o representar empresas o asociaciones relacionadas con actividades laborales o de contratación.
Esta inhabilitación puede tener una duración equivalente al tiempo de la condena principal y supone un grave perjuicio profesional.
Una persona inhabilitada no podrá ejercer funciones directivas, ni siquiera de manera indirecta, en negocios que impliquen contratación de personal o gestión de trabajadores.
¿Qué problemas pueden surgir con una acusación por un delito contra los derechos de los trabajadores?
Uno de los problemas más habituales es que la acusación por un delito contra los derechos de los trabajadores venga acompañada de un delito de lesiones por imprudencia grave (art. 152 CP). o incluso homicidio imprudente (art. 142 CP).
Esto sucede cuando:
- Un trabajador sufre un accidente laboral grave.
- El accidente se produce, presuntamente, porque no se respetaron las normas de seguridad laboral.
- El empresario o encargado estaba obligado legalmente a prevenir ese riesgo.
En estos casos, el Ministerio Fiscal puede acusar simultáneamente:
- De un delito contra los derechos de los trabajadores (por no garantizar condiciones laborales seguras).
- Y de un delito de lesiones imprudentes (por el daño físico causado).
¿Cómo te puede ayudar un abogado experto en delitos contra los derechos de los trabajadores?
Si te enfrentas a una denuncia por un delito contra los derechos de los trabajadores, necesitas mucho más que un abogado generalista: necesitas a un abogado penalista experto, que domine tanto la normativa laboral como las técnicas procesales penales más avanzadas.
En nuestro despacho trabajamos con un enfoque claro: defenderte con máxima eficacia para lograr el archivo de la causa, la absolución o, en su caso, las penas más favorables posibles. Analizamos tu situación, preparamos una estrategia personalizada y luchamos por proteger tu libertad, tu patrimonio y tu futuro profesional.
En estos casos, conocer los elementos del tipo y el bien jurídico protegido es lo que marca la diferencia entre una sentencia condenatoria o absolutoria
Soy Víctor Ávila, abogado penalista, y quiero ayudarte.