En España, la línea que separa un contrato irregular de un delito de estafa por contrato simulado es delgada, pero crucial. Muchas personas enfrentan acusaciones injustificadas debido a interpretaciones erróneas o malintencionadas de sus acuerdos contractuales. Si has sido denunciado por esta causa, entender los elementos del artículo 251.3 del Código Penal y las estrategias de defensa puede marcar la diferencia entre una condena y una absolución.
A lo largo de este artículo, exploraremos en profundidad el delito de contrato simulado y estafa, abordando su regulación legal, las claves para su identificación y las estrategias más efectivas para una defensa penal sólida.
¿Qué es un contrato simulado?
El contrato simulado es aquel en el que las partes, de manera consciente y deliberada, emiten una declaración de voluntad con la finalidad de generar la apariencia de un contrato que, en realidad, no existe o que difiere del acuerdo efectivamente alcanzado. Esta figura jurídica se configura como un vicio del consentimiento, ya que las partes, de común acuerdo, manifiestan una voluntad ficticia, es decir, exteriorizan un contenido que no refleja su verdadera intención.
La simulación contractual puede adoptar diversas formas:
- Simulación ilícita: Se produce cuando el contrato ficticio tiene como propósito perjudicar a terceros, defraudando sus derechos o intereses.
- Simulación absoluta: Ocurre cuando las partes aparentan celebrar un contrato, pero en realidad no tienen intención alguna de perfeccionar un negocio jurídico. En estos casos, el contrato carece de los elementos esenciales para su existencia, ya sea por una discrepancia total entre la voluntad real y la declarada o por la ausencia de causa, lo que genera su nulidad radical.
- Simulación relativa: Se da cuando el contrato simulado encubre otro acuerdo distinto que realmente desean celebrar las partes. En este caso, el negocio jurídico oculto será válido siempre que cumpla con los requisitos esenciales de existencia y validez.
A continuación, se analizan en mayor profundidad las particularidades de la simulación contractual, tanto en su forma absoluta como relativa.
Requisitos del delito de estafa por contrato simulado
El artículo 251.3 del Código Penal establece:
“Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años quien otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.”
Para que exista delito, deben cumplirse tres requisitos esenciales:
Se debe otorgar un contrato con apariencia de validez
El contrato debe tener la forma de un documento privado o público que represente un negocio jurídico. Este puede ser completamente falso (simulación absoluta) o bien encubrir un acuerdo diferente (simulación relativa).
La simulación debe generar un perjuicio económico
No toda simulación contractual es delictiva. Para que haya estafa, la firma del contrato debe causar un daño patrimonial real a otra persona, como:
- Pérdida de dinero o bienes.
- Creación de una obligación falsa.
- Ocultación de bienes para evitar embargos o pagos a acreedores.
Si no se prueba un perjuicio económico concreto, la denuncia carece de fundamento penal.
Debe existir dolo o intención fraudulenta
El delito de estafa por contrato simulado requiere que el acusado haya actuado con conocimiento y voluntad de engañar para obtener un beneficio ilícito o perjudicar a un tercero. No se castigan los errores contractuales, la mala gestión o los incumplimientos civiles sin intención fraudulenta.
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Diferencia entre contrato simulado y otras figuras penales
Es común que las denuncias por contrato simulado se confundan con otros delitos económicos. Conocer estas diferencias puede ayudarte a desmontar acusaciones infundadas.
Diferencia entre contrato simulado y falsedad documental
En la falsedad documental (art. 390 CP), lo que se castiga es la manipulación de un documento para que parezca auténtico.
En el contrato simulado, el documento es formalmente válido, pero el contenido refleja una realidad jurídica falsa o incompleta.
El Tribunal Supremo distingue el contrato simulado de la falsedad documental, afirmando que la simple firma de un contrato con contenido falso no implica falsedad documental si el documento en sí mismo es auténtico. En este caso, se condenó por estafa impropia, ya que la simulación contractual generó un perjuicio económico.
No es lo mismo crear un contrato con contenido falso (contrato simulado) que falsificar un documento (falsedad documental). La clave está en si el documento es genuino pero engañoso o directamente falso.
Diferencia entre contrato simulado y alzamiento de bienes
Si la simulación se usa para ocultar bienes y evitar pagos, puede constituir alzamiento de bienes (art. 257 CP).
Si el objetivo no es eludir deudas, sino simular una operación con otros fines, se trataría solo de un contrato simulado.
El alzamiento de bienes busca eludir deudas o embargos, mientras que el contrato simulado crea una apariencia de negocio jurídico sin que necesariamente haya un intento de fraude a acreedores.
Por ejemplo: Un empresario vendió un inmueble que no era de su propiedad, generando un perjuicio al comprador. Su conducta es constitutiva de estafa impropia y no por alzamiento de bienes, ya que la venta no tenía como finalidad evitar el cobro de deudas, sino aparentar un negocio legítimo.
Diferencia entre contrato simulado y estafa común
En la estafa común (art. 248 CP), el engaño ocurre antes del contrato y persuade a la víctima a entregar un bien o dinero.
En la estafa impropia por contrato simulado, el engaño radica en la firma de un contrato falso o alterado, que perjudica a un tercero.
El engaño en la estafa impropia no ocurre antes del contrato, sino en la firma del mismo, cuando el acusado simula un negocio jurídico inexistente o encubre la realidad para perjudicar a terceros.
En la estafa común, el engaño ocurre antes del contrato y lleva a la víctima a realizar un acto de disposición patrimonial. En la estafa impropia por contrato simulado, el engaño radica en la firma del contrato en sí mismo.
El contrato simulado como estrategia fraudulenta en procesos judiciales
Estafa de aqluiler simulado
Un caso reciente ha puesto de manifiesto el uso del contrato simulado de arrendamiento como una herramienta fraudulenta para obtener beneficios en el ámbito judicial. El Tribunal Supremo, en una sentencia que confirma el fallo de la Audiencia Provincial de Asturias, condenó a un individuo por un delito de estafa procesal, al haber presentado un contrato de alquiler ficticio con el objetivo de reducir la pensión alimenticia que debía abonar a su exmujer por su hija menor.
En este caso, el condenado alegó que tenía un gasto mensual de 600 euros en concepto de alquiler, lo que sirvió de argumento para solicitar una rebaja de la pensión alimenticia de 600 a 550 euros. Sin embargo, se demostró que dicho contrato era simulado, ya que el supuesto arrendamiento no tenía una base real y el inmueble en cuestión era, en realidad, la vivienda de un amigo.
El Tribunal Supremo, en su resolución, concluyó que el contrato presentado solo pretendía aparentar una relación contractual inexistente, sin que hubiera un acuerdo real de arrendamiento que lo sustentara. El dolo defraudatorio quedó acreditado al constatarse que el condenado utilizó este documento para inducir a error al juez civil, afectando así la resolución judicial del proceso de divorcio.
Este fallo ratifica la importancia de la veracidad y autenticidad de los contratos en los procedimientos judiciales y recalca que la simulación contractual, cuando se emplea con la intención de obtener un beneficio ilícito, puede derivar en responsabilidad penal por estafa procesal.
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¿Cómo te puede ayudar un abogado penalista experto en delitos económicos?
Si te han denunciado por contrato simulado y estafa, contar con un abogado penalista especializado en delitos económicos puede marcar la diferencia entre una absolución y una condena. En estos casos, la defensa debe construirse sobre una base jurídica sólida que permita demostrar la falta de intención fraudulenta, la inexistencia de perjuicio económico real o la naturaleza civil del conflicto.
Un abogado experto en delitos económicos analizará tu caso con detalle y diseñará una estrategia de defensa adaptada a su situación. Algunas de las líneas de defensa más efectivas incluyen:
Demostrar la existencia de un negocio legal
Si el contrato no era una simple simulación, sino que existía un acuerdo legítimo entre las partes, es fundamental demostrarlo con
- Documentación que respalde la transacción (facturas, transferencias, correos electrónicos).
- Testimonios de personas que acrediten la veracidad del acuerdo.
- Pruebas de que el contrato tenía un propósito legal y no fraudulento.
Acreditar la ausencia de perjuicio económico
Para que exista estafa impropia por contrato simulado, la simulación debe haber causado un daño patrimonial a un tercero. Un abogado penalista puede demostrar que:
- El denunciante no sufrió pérdidas económicas reales.
- Se han ofrecido soluciones alternativas al conflicto.
- La simulación no afectó negativamente a terceros.
Rebatir el ánimo defraudatorio
El dolo o intención de engañar es un requisito indispensable para la condena. Tu defensa puede centrarse en:
- Probar que actuaste de buena fe en la firma del contrato.
- Mostrar que el contrato no tenía un objetivo fraudulento.
- Demostrar que el denunciante conocía las condiciones del contrato y las aceptó voluntariamente.
Invocar la naturaleza civil del conflicto
Muchos casos de contrato simulado no deben resolverse en el ámbito penal, sino en la jurisdicción civil o mercantil. Un abogado experto en delitos económicos puede argumentar que:
- No hay un engaño penal, sino un incumplimiento contractual que debe resolverse en la vía civil.
- Se trata de un desacuerdo entre partes sobre la interpretación del contrato.
- No hay pruebas suficientes para sostener una acusación penal.
¿Por qué es importante contar con un abogado especializado en delitos económicos si te han denunciado por estafa?
Los procedimientos penales por estafa impropia y contrato simulado requieren un profundo conocimiento del Código Penal, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las estrategias procesales más efectivas. Un abogado penalista especializado en delitos económicos puede:
- Asesorarte desde el primer momento para evitar errores en tu declaración.
- Recopilar pruebas que desmonten la acusación.
- Presentar recursos y alegaciones para lograr tu absolución o una reducción de la pena
- Negociar acuerdos extrajudiciales que eviten llegar a juicio.
Enfrentarse a una denuncia penal puede ser un proceso complejo y estresante. Sin embargo, una defensa bien planteada puede desacreditar la acusación y evitar graves consecuencias legales. Si está en esta situación, no dude en buscar el respaldo de un abogado defensor experto en delitos económicos que le ayude a proteger sus derechos y a obtener el mejor resultado posible en su caso.
Soy Víctor Ávila, abogado penalista, y quiero ayudarte.