Me acusan de tener un narcopiso: qué delito es y cómo defenderte

Un día la policía llama a tu puerta, o te cita en comisaría, y te dice que en tu vivienda se vende droga. Te hablan de un narcopiso en tu barrio, en tu edificio o en tu propia casa. La palabra suena a narcotráfico organizado, pero en el Código Penal no aparece: lo que existe es la figura del artículo 368, y a partir de ahí se decide si estás ante una acusación sólida o ante una sospecha mal construida. En este artículo te explicamos qué delito se te puede imputar si te acusan de tener un narcopiso, cómo se investiga un punto de venta de droga en una vivienda y qué defensas tienes si eres el titular, el inquilino o simplemente vives allí.

Todo lo que sigue está escrito para quien está siendo investigado, no para quien denuncia. Y empieza por una idea que conviene tener clara desde el primer día: que se encuentren gramos de droga en una casa no significa que todos los que viven en ella sean autores de un delito, ni que un narcopiso lo sea por el simple hecho de que lo diga un atestado.

¿Existe un delito de narcopiso?

No existe un delito de narcopiso con ese nombre. Lo que la Policía Nacional y la fiscalía atribuyen cuando hablan de un narcopiso, es decir, de un punto de venta de droga en una vivienda, es un delito de tráfico de drogas del artículo 368 del Código Penal. Este precepto, el que sustenta cualquier acusación por un narcopiso, castiga a quien ejecute actos de cultivo, elaboración o tráfico, a quien promueva, favorezca o facilite el consumo ilegal de drogas, y a quien las posea con esos fines.

Fíjate en la última parte: poseer droga no es delito por sí solo. La posesión es típica cuando está destinada al tráfico, y esa finalidad no se presume, se prueba. Lo mismo ocurre con el lugar. Que unos hechos se produzcan en tu casa es un dato de la investigación, no un elemento que convierta la conducta en otro delito más grave. Si lo que te atribuyen en el supuesto narcopiso es una venta puntual, una tenencia con ánimo de vender o la cesión de la vivienda, cada hipótesis tiene una defensa distinta.

Cuando se habla de delito de narcopiso, como se le llama en la calle, la defensa se construye por partes. Por eso, lo primero que hace un abogado penalista en tráfico de drogas es separar tres preguntas: qué conducta concreta se te atribuye, con qué pruebas y desde cuándo. Una cosa es el vendedor, otra quien guarda las sustancias estupefacientes y otra quien simplemente comparte techo. Tampoco es lo mismo el narcotráfico de una red que una venta local de pocos gramos.

Penas del artículo 368 y por qué el 369 no encaja de forma automática

La pena depende de la sustancia. Si causa grave daño a la salud (cocaína, heroína, MDMA, que son las sustancias que más aparecen en un narcopiso), el artículo 368 prevé prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de la droga. Si no causa grave daño (hachís o marihuana), prisión de 1 a 3 años y multa del tanto al duplo. Esas penas están vigentes tras la reforma de 2010 y no han cambiado desde entonces. En nuestra guía sobre las penas por tráfico de drogas en España tienes el desglose completo.

La acusación suele intentar subir el marco con el artículo 369.1, que impone la pena superior en grado y multa del tanto al cuádruplo. Dos circunstancias se invocan a menudo en las acusaciones por narcopiso:

• Establecimiento abierto al público (369.1.3.ª). El texto habla de hechos realizados en establecimientos abiertos al público por sus responsables o empleados. Una vivienda es un domicilio, no un local abierto al público, y el Tribunal Supremo ha dicho que este subtipo no admite una interpretación extensiva. Si el escrito de acusación lo aplica a un piso, es un punto a combatir.
• Proximidad de centros docentes (369.1.7.ª). Sí aparece la expresión «o en sus proximidades». Aquí la discusión es de hechos: distancia real, conocimiento y si la actividad se proyectaba sobre ese entorno.

También se acusa a veces por notoria importancia de la cantidad (369.1.5.ª) o por pertenencia a una organización (369 bis). Esta última exige estructura y reparto de funciones, no que varias personas coincidan en una casa.

Cómo se investiga un punto de venta de droga en una vivienda

Casi ningún caso de narcopiso nace del registro. Suele empezar con una denuncia vecinal o con quejas por el trasiego de personas, y sigue con una operación policial. Esa denuncia vecinal es solo el punto de partida: no prueba nada por sí sola. Las operaciones de desmantelamiento que salen en prensa, sea en un distrito del centro de Madrid, en Vallecas o en Tetuán, resumen en una nota el resultado de meses de trabajo del grupo de investigación, y muchas veces ese resumen no distingue entre quien vendía y quien solo vivía allí. Antes hay semanas o meses de investigación, y es ahí donde se puede discutir buena parte de la prueba.

Vigilancias y compradores interceptados

Los agentes de la policía observan la actuación en el portal, anotan entradas y salidas, fotografían a las personas y, en ocasiones, detienen a un comprador al salir con una dosis. La Policía Judicial puede captar imágenes de una persona investigada en un espacio público sin autorización judicial (artículo 588 quinquies a de la LECrim), pero no puede grabar lo que pasa dentro del domicilio sin una resolución del juez.

El comprador que dice «se la compré a él» o «subí a ese piso» es un testigo con un interés propio: ha sido sorprendido con droga. La defensa estudia si identificó a alguien en una rueda o fotografía válida, si su declaración es coherente y si el agente vio realmente el intercambio o lo dedujo.

«Actos de venta» observados desde la calle

En la intervención y en el atestado se escribe que se vieron «actos de venta»: alguien llama, sube, baja con el puño cerrado, en una zona donde otros vecinos también entran y salen con normalidad. Esa expresión describe una interpretación, no un hecho probado. Un buen análisis del atestado separa lo que el agente vio de lo que concluyó. Las visitas a una vivienda tienen muchas explicaciones y los frecuentes cambios de portal, de hora o de visitante no identifican por sí solos al responsable.

Agentes encubiertos y delito provocado

Si hubo un agente infiltrado, hay límites. La figura del agente encubierto en el tráfico de drogas exige autorización judicial o fiscal motivada, y nunca puede inducir a delinquir a quien no tenía esa intención. Si la iniciativa de la venta partió del agente, hablamos de delito provocado, que el Supremo considera impune.

Entrada y registro en tu domicilio: lo que exige la ley

El registro es el momento en que más se juega una causa por narcopiso, porque de él salen la droga, el dinero y los teléfonos. Y es también donde más errores se detectan. El domicilio es inviolable: según el artículo 18.2 de la Constitución, solo se puede entrar con consentimiento del titular, con resolución judicial o en caso de flagrante delito.

Auto judicial motivado

Lo habitual es que la entrada se autorice con un auto del juez de instrucción. Debe estar motivado: indicar los indicios concretos que justifican registrar esa vivienda, no una sospecha genérica. El auto se notifica a la persona interesada (artículos 550 y 566 de la LECrim). Pide siempre una copia y revisa si menciona tu domicilio exacto, qué se busca y por qué.

Consentimiento y flagrante delito

Si la policía entró sin auto, solo es válido el registro si hubo consentimiento libre o flagrancia. Prestas consentimiento cuando facilitas la entrada sin invocar la inviolabilidad del domicilio (artículo 551 de la LECrim). Pero un consentimiento dado bajo presión, sin saber que podías negarte o estando detenido sin abogado, es discutible. La flagrancia exige que el delito se perciba en ese instante, no que los agentes sospechen por un seguimiento previo.

Presencia del interesado y del letrado de la Administración de Justicia

El registro se hace ante el interesado o quien le represente. Si no está, ante un familiar mayor de edad o, en su defecto, ante dos testigos. Y siempre ante el secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia, que levanta acta firmada por todos (artículo 569 de la LECrim). Cuando el registro termina con detenidos, estos quedan a disposición de la autoridad judicial en un máximo de 72 horas. Si el acta no cuadra con lo ocurrido, hay que hacerlo constar en el momento y no firmar sin leerla.

Móviles y ordenadores

Que el auto autorice el registro de la casa no permite abrir tu teléfono. La simple incautación de un dispositivo no legitima el acceso a su contenido y el auto debe justificarlo de forma específica (artículo 588 sexies a de la LECrim). Si los agentes revisaron mensajes sin esa cobertura, la prueba puede anularse.

Cuando un registro vulnera derechos fundamentales, lo que se obtuvo no puede usarse (artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y esa nulidad puede arrastrar pruebas derivadas. Es una de las vías de defensa más eficaces en los casos de venta en vivienda, y la que menos se puede improvisar.

Lo que se halló en el narcopiso: cadena de custodia, pureza y destino al tráfico

Aunque el registro sea válido, la acusación debe probar qué se encontró, cuánto y para qué.

• Cadena de custodia. Desde que se recoge la sustancia hasta que se analiza, cada paso debe quedar documentado (artículo 338 de la LECrim). La defensa revisa precintos, actas, pesajes y traslados. El Supremo exige concretar en qué momento se rompe la cadena, y no vale una impugnación genérica.
• Naturaleza y pureza. En el procedimiento abreviado, los informes de laboratorios oficiales sobre naturaleza, cantidad y pureza tienen valor de prueba documental (artículo 788.3 de la LECrim). La STS 29/2020, de 4 de febrero, recuerda que impugnarlos no impide valorarlos, pero que la defensa puede proponer contraprueba para precisar o contradecir el análisis. Una pureza baja cambia la cantidad real y puede alterar la calificación.
• Destino al tráfico. Lo que cuenta es la finalidad. El peso de la sustancia estupefaciente, su variedad (cannabis, cocaína u otras), la báscula de precisión, los envoltorios, el dinero en efectivo y los mensajes se leen como indicios, pero deben formar una inferencia lógica. Si eres consumidor y la droga era para ti, el hecho es atípico: tienes más detalle en nuestro artículo sobre tráfico de drogas y cantidades de autoconsumo.

Si los hechos son de pequeña dimensión, el artículo 368.2 permite rebajar la pena un grado atendiendo a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales. No se puede aplicar si concurren los supuestos de los artículos 369 bis o 370. El Supremo ha señalado que «escasa entidad» no equivale a «escasa cantidad»: se mira la gravedad global de la conducta. En tráfico de drogas a pequeña escala y en el principio de insignificancia explicamos cuándo se discute este escalón.

Si eres drogodependiente, existen además la atenuante de grave adicción (artículo 21.2) y la posibilidad de pena inferior en uno o dos grados tras un tratamiento de deshabituación finalizado con éxito, cuando la cantidad no sea de notoria importancia (artículo 376). Son vías que se preparan con tiempo y con documentación médica.

Si vives en el piso o eres el titular del contrato: ¿eres responsable?

Esta es la duda más habitual: tu pareja, un hijo, un compañero o un subinquilino vendía y a ti te acusan por estar allí. La respuesta del Tribunal Supremo es reiterada: la convivencia no basta para condenar. Tampoco basta conocer lo que hacía el otro ni tener acceso a la droga dentro de casa. Hacen falta actos concretos que supongan promover, favorecer o facilitar el tráfico, y no existe una posición de garante entre convivientes que convierta tu pasividad en delito. Lo desarrollamos en nuestro artículo sobre la condena por convivir con un traficante de drogas.

La frontera está en lo que haces tú. Preparar dosis, guardar la sustancia de forma continuada, atender a compradores, cobrar o llevar la cuenta te acerca a la autoría, porque el artículo 368 equipara muchas conductas de ayuda a la ejecución. En cambio, ayudas muy menores y ocasionales, como una cesión puntual del domicilio por amistad, se han tratado como complicidad por la doctrina del favorecimiento del favorecedor, con una pena menor.

Si figuras como titular o arrendatario, la propiedad o el contrato por sí solos no te hacen responsable. Tu familia, tu pareja o un inquilino pueden haber usado el piso sin que tú lo supieras. Pero la acusación preguntará por qué no pusiste fin a la situación, cuánto tiempo llevaba, quién pagaba la renta y si recibías algún beneficio. Conviene preparar esas respuestas antes de declarar.

Decomiso de la vivienda, desahucio y otras consecuencias

Además de la pena, un procedimiento por narcopiso arrastra consecuencias que preocupan casi tanto como la prisión.

• Decomiso. El artículo 374 del Código Penal ordena decomisar la droga, los medios, instrumentos y ganancias, conforme a los artículos 127 y siguientes. Si el inmueble fue el medio para ejecutar el delito y es tuyo, puede entrar en la petición de la acusación. Si eres un tercero ajeno, solo cabe alcanzar tus bienes en los supuestos del artículo 127 quater, ligados a que supieras o debieras sospechar. En decomiso de bienes en delitos de tráfico de drogas y en decomiso ampliado y registro domiciliario verás cómo se discute su alcance.
• Arrendamiento. La Ley de Arrendamientos Urbanos permite al arrendador resolver el contrato cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas (artículo 27.2.e). Es una vía civil independiente, con sus propios plazos, y la existencia de una causa penal abierta o de una sentencia pesa en ella. Por eso la estrategia penal y la civil se coordinan desde el principio.
• Antecedentes y prisión provisional. Si hay detención, el riesgo inmediato es la medida cautelar. Si el procedimiento se tramita como juicio rápido, los plazos se aceleran: lo contamos en juicio rápido por tráfico de drogas.

Qué hacer si la policía ha entrado o te citan como investigado

1. No declares sin abogado. Tienes derecho a guardar silencio y a no declarar contra ti mismo (artículo 520 de la LECrim).
2. No autorices un registro sin saber qué se pretende. Si hay auto, pide copia. Si no lo hay, no hay que facilitar nada por miedo.
3. Presencia el registro y fíjate en quién entra, qué recogen, dónde y a qué hora. Si algo no cuadra, pide que conste en el acta.
4. No firmes un acta sin leerla.
5. No toques ni muevas nada de lo que quede en la vivienda y no arrojes nada por la ventana, aunque creas que así te proteges.
6. Guarda el contrato de arrendamiento, los recibos y todo lo que acredite quién vivía allí y cómo.

Si necesitas asistencia en el momento en que te van a poner a disposición del juzgado de guardia, desde el despacho atendemos como abogado penalista urgente las 24 horas. Y si buscas un letrado con experiencia contrastada, revisa nuestra página de abogado experto en delitos contra la salud pública.

Preguntas frecuentes sobre el narcopiso y el delito de tráfico de drogas

¿Qué delito se me imputa si me acusan de tener un narcopiso?

Un delito contra la salud pública del artículo 368 del Código Penal. No existe un tipo específico de narcopiso: se imputa el tráfico, la posesión con ánimo de tráfico o la facilitación del consumo, y cada una se prueba de forma distinta.

¿Pueden entrar en mi casa sin mandamiento judicial?

Solo con tu consentimiento o en caso de flagrante delito. Fuera de eso, necesitan un auto motivado del juez. Un registro hecho sin esas garantías puede anularse, con efectos sobre las pruebas obtenidas.

¿Me pueden condenar solo por vivir donde se vendía droga?

No. La jurisprudencia exige que se pruebe una participación activa. Convivir con quien vende, o saberlo, no es suficiente por sí solo.

¿Pueden quitarme la vivienda?

El decomiso solo alcanza los bienes que sirvieron para cometer el delito en los términos del Código Penal, y el arrendador puede reclamar por la vía civil si se acreditan actividades ilícitas. Son dos frentes distintos que hay que defender a la vez.

¿Qué pasa si la droga que encontraron era para mi consumo?

El consumo propio no es delito. Lo decisivo es la cantidad, los útiles de venta y el resto de indicios: si la inferencia de destino al tráfico no es razonable, no hay delito.

Artículo redactado por Víctor Ávila Martínez, abogado penalista, colegiado nº 141230 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

Autor

Víctor Ávila Martínez

Abogado penalista en Madrid (Graduado en Derecho y ADE con Máster de Acceso a la Abogacía), experto en procedimientos complejos y técnicos en Derecho Penal. Cuenta con títulos como el Curso de Derecho Penal Avanzado impartido por magistrados del Tribunal Supremo en el Iltre. Colegio de Abogacía de Madrid.

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